El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado ha reclamado al Gobierno español que articule de manera inmediata un marco de gobernanza compartida con las comunidades autónomas para el diseño, desarrollo normativo y ejecución del Plan Nacional de Implementación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. “Es necesario garantizar la participación activa y directa de los territorios frontera en la toma de decisiones”, ha explicado la promotora de la iniciativa, Nerea Ahedo, en la moción que ha registrado hoy, consecuencia de la interpelación que trasladó ayer a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, sobre las medidas de implementación para aplicar el Pacto Europeo de migración y asilo.

El 12 de junio entrará en vigor el citado Pacto y aún quedan por aclarar numerosas cuestiones en torno a su aplicación, que exigirá adaptar aspectos relativos a la gestión de fronteras, los mecanismos de acogida, los procedimientos de protección internacional, los dispositivos de seguimiento y los instrumentos de solidaridad a la realidad de los territorios frontera. “Cada Estado debe organizar cómo va a implementar el plan y qué estrategias va a seguir. Y, a menos de tres semanas, no sabemos exactamente cómo se va a hacer”, ha denunciado enumerando aspectos a definir como el encaje entre la normativa europea y el marco jurídico estatal, adaptaciones legislativas, los mecanismos de aplicación, protocolos, criterios en el reglamento de triaje, recursos con los que se contara, o con qué centros se habilitarán”.

De manera especial, Ahedo ha lamentado que las comunidades autónomas “no han tenido ni voz ni voto, ni han participado ni recibido información sobre el plan de implementación”, aun siendo estas “las encargadas de acoger y de integrar; las que tienen que preparar su sistema sanitario, su sistema educativo, sus servicios sociales, la tutela a los menores…”. “Ha habido una gestión totalmente unilateral y opaca. Algo especialmente preocupante para territorios como Canarias, frontera sur, pero también Euskadi, que se ha consolidado como un territorio de tránsito hacia el norte de Europa”. Por eso, la moción pide el establecimiento de canales institucionales fijos, fluidos y transparentes para el intercambio de información en tiempo real entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas afectadas respecto a flujos migratorios, previsiones de llegada, capacidad operativa de los centros estatales y planificación de derivaciones, o el reconocimiento formal y operativo de la Ruta Atlántica y de la Frontera Norte como realidades migratorias de especificidad propia, entre otras medidas.