“Planteamos un mecanismo objetivo, tasado y limitado para determinados contratos de servicios intensivos en mano de obra, cuando los incrementos salariales procedieran de modificaciones legales o de los convenios colectivos”. Así ha concretado la senadora de EAJ-PNV, María Dolores Etxano, su propuesta al ministro de Hacienda para flexibilizar la Ley de Contratos del Sector Público con el objetivo de resolver el problema que genera la imposibilidad legal de la Administración para adaptar los contratos públicos a los citados incrementos salariales durante su periodo de ejecución. “No planteamos una indexación generalizada, ni eliminar el principio de riesgo y ventura, ni trasladar automáticamente cualquier incremento de costes a la Administración”, ha matizado Etxano.

En la sesión de control al Gobierno, la senadora abertzale ha expuesto al ministro Arcadi España que “el actual sistema de revisión de precios no ofrece una respuesta adecuada” al incremento de los costes de la mano de obra, como consecuencia de una subida del salario mínimo o por la negociación colectiva, durante el periodo de ejecución del contrato de servicios. “El Gobierno sube el SMI y el presidente Sánchez pide a empresas y agentes sociales que mejoren los salarios mediante la negociación colectiva para proteger el poder adquisitivo de los y las trabajadoras. Compartimos ese objetivo”, ha apoyado la senadora de EAJ-PNV, que, sin embargo, ha emplazado al Gobierno español a ser “coherente” a la hora de aplicar esas mejoras a las empresas con contratos para la Administración. “No se puede pedir a los demás que hagan un esfuerzo y, cuando le corresponde a la Administración, mirar hacia otro lado”.

De hecho, Etxano ha recordado que el Gobierno español vetó una propuesta de EAJ-PNV para modificar la Ley de Contratos del Sector Público durante la tramitación de la Ley integral de impulso de la economía social, que no pudo ser debatida. “Se trata de encontrar un equilibrio entre la viabilidad económica de los contratos, los derechos de las personas trabajadoras y la función social de la contratación pública, preservando la estabilidad presupuestaria y la seguridad jurídica”, ha explicado la representante jeltzale. “Hablamos de limpieza, cuidados, intervención social, jardinería y otros servicios intensivos en mano de obra, esenciales, prestados mayoritariamente por mujeres. Hablamos de sus condiciones laborales y salariales, y también de empresas de inserción, centros especiales de empleo y entidades de la economía social, donde la contratación pública cumple además una importante función social”.