A iniciativa de EAJ-PNV, el Senado ha aprobado –por unanimidad, a excepción de Vox- reclamar que las entidades gubernamentales subestatales, como Euskadi, sean tenidas en cuenta en el Plan de Trabajo de la próxima Cumbre Unión Europea-CELAC, dado el relevante papel que juegan en el fortalecimiento y desarrollo de las relaciones entre ambas. En el pleno de la Cámara alta, celebrado hoy, Luke Uribe-Etxebarria ha destacado que sería la primera vez que las instituciones vascas participarían en esta Cumbre con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que celebrará su cuarta edición el próximo mes de noviembre en Colombia.

Tal y como ha señalado el senador jeltzale en la defensa de su moción, las relaciones de América Latina con la UE han estado marcadas por una historia compartida de vínculos políticos, económicos, sociales y culturales, posibilitando una asociación estratégica de indudable relevancia global, habida cuenta de que entre ambas suman una población superior a los 1.000 millones de habitantes, representando el 14% de la población mundial y el 21% del PIB mundial, además de compartir una de las redes comerciales de mayor densidad del mundo.

“La Administración Trump ha endurecido su política comercial y migratoria en América Latina. En este escenario, la UE tiene la oportunidad de consolidarse como un socio confiable, promoviendo acuerdos comerciales, fortaleciendo relaciones bilaterales y ofreciendo alternativas de inversión estables en la región”, ha argumentado Uribe-Etxebarria. “Se trata de aprovechar la cita para consolidar los logros alcanzados en Bruselas en 2023, profundizando la relación birregional”.

La iniciativa jeltzale reclama que la Cumbre trabaje sobre un Plan de Trabajo pragmático, concreto y realizable que enfatice en temas de interés común, versando acerca de los derechos humanos y las libertades, la democracia, la soberanía, el multilateralismo inclusivo, la migración, la paz, la cooperación internacional, el comercio justo, la cooperación empresarial y financiera, la justicia social y laboral, la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia organizada, el cambio climático, la gestión de los océanos y del agua potable y salubre, la salud frente a emergencias, la lucha contra la violencia de género o el derecho de los pueblos indígenas.