El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, en acuerdo suscrito con el resto de grupos parlamentarios, ha propiciado que los y las profesionales que intervienen ante la Administración de Justicia en las sedes judiciales o de la fiscalía (abogados, abogadas, procuradores, procuradoras y graduados sociales) no requieran de cita previa para acceder a las sedes judiciales o de la fiscalía. La enmienda presentada por Imanol Landa al Proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, ha sido transaccionada con el resto de grupos políticos de la cámara y ha supuesto la supresión de esta medida del texto inicial remitido al Senado por el Congreso que, una vez aprobado en la Cámara alta, procederá a su ratificación definitiva.

“Todos los grupos parlamentarios hemos coincidido en la necesidad de no trasladar obstáculos añadidos a la actividad diaria de unos profesionales que desarrollan su actividad en las sedes judiciales en relación directa y fluida con funcionarios y funcionarias”, ha reconocido Landa, añadiendo que de esta manera se recogen las solicitudes trasladadas al respecto por entidades representativas de los citados sectores profesionales. “Todo ello sin perjuicio de su lógico sometimiento a los protocolos sanitarios de aplicación en las mismas”, ha puntualizado.

El proyecto de ley responde a unos objetivos de urgencia con plazos y tiempos determinados,  derivados de la necesidad de abordar los problemas añadidos por el virus al funcionamiento de la Justicia. El senador jeltzale, ha recordado que, además de la enmienda añadida en la Comisión de Justicia de la Cámara alta, el Grupo Vasco ha presentado 20 enmiendas más en la tramitación del Congreso al objeto de “aportar en lo posible al proyecto las mejoras que posibiliten a la Administración de Justicia, desde las herramientas procesales y organizativas previstas en el mismo, una mejor y más ágil respuesta al enorme reto al que se enfrenta debido a la nueva situación derivada del COVID-19, de su reactivación tras su paralización durante el estado de alarma y del aumento de la litigiosidad derivada de la crisis sanitaria, económica y social provocada por el mismo.