La senadora de EAJ-PNV, María Dolores Etxano, ha vuelto a reclamar a la ministra de Igualdad la equiparación de los decretos que regulan las ayudas a las víctimas de violencias machistas contra las mujeres. En su respuesta, en la sesión de control al Gobierno de hoy, la ministra Ana Redondo ha mostrado el compromiso para modificar la Ley Orgánica de Violencia de Género para equiparar esas ayudas.

Tal y como le trasladó a la responsable de Igualdad en junio, Etxano ha recordado que los Reales Decretos 1452/2005 y 664/2024 regulan de manera respectiva las ayudas económicas establecidas en las Leyes orgánicas 1/2004 de medidas de protección contra la violencia de género, y la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, sin embargo, las primeras son menos avanzadas, menos inclusivas y flexibles que las segundas. “Para violencia de género, se solicita un informe de empleabilidad que no es necesario para las víctimas de violencias sexuales. El acceso a las ayudas es más restrictivo: el 75% del SMI para Violencia de Genero frente al 100% del SMI en Violencia Sexual. También existen diferencias en la modalidad de pago, en las prórrogas de las ayudas, en los plazos de solicitud o en la documentación requerida y en la compatibilidad”, ha detallado Etxano.

Coincidiendo con el día internacional contra la violencia machista que se ejerce contra las mujeres, la representante jeltzale ha reiterado a la ministra que Euskadi ya ha comenzado el procedimiento de elaboración del decreto que regula la concesión y pago de estas ayudas, siendo la primera Comunidad que inició los trámites, sin embargo, las ayudas del Estado, cuya gestión y pago las realizan las comunidades autónomas, generan diferencias con las previstas en la Ley de Igualdad vasca, donde no se diferencian las ayudas por tipo de víctima. “Tanto Emakunde como diversas expertas han solicitado la equiparación de ambas ayudas garantizando que se apliquen las condiciones más beneficiosas y los avances significativos de las ayudas económicas de violencia sexual”. Tal y como ha explicado, son requisitos que no pueden ser modificados por el decreto de Euskadi, al tratarse de normativa básica, y precisan de modificaciones no solo de los Reales Decretos sino de la Ley Orgánica de Violencia de Género que los crea.