El senador de EAJ-PNV, Juan Carlos Medina, ha reclamado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación que solicite al Comisario Europeo de Pesca que elimine o suspenda cautelarmente las restricciones aplicadas a 87 zonas de captura en el Atlántico Nordeste. El pasado 15 de septiembre, el Reglamento de Ejecución UE 2022/1614 determinó las zonas de pesca en aguas profundas, estableciendo una veda en las áreas en las que se conoce la existencia de Ecosistemas Marinos Vulnerables o la posibilidad de que estos existan, decisión que afecta a zonas en las que faenan decenas de embarcaciones vascas dedicadas a distintas artes, como el arrastre o el palangre.

En la sesión de control al Gobierno de esta tarde, el representante jeltzale ha manifestado al ministro Luis Planas que esta decisión se basa más en prejuicios contra el sector pesquero que en tener en cuenta los resultados de los datos científicos actualizados, y ha reclamado que escuchar y atender al sector. “El sector al que parecen empeñados en perseguir prefiere seguir trabajando antes que cobrar una ayuda por cese de actividad. Son los primeros que ven y saben que su futuro pasa por trabajar de manera sostenible. Por eso, merecen más apoyo por su esfuerzo en conservar los recursos marinos que imposiciones, como esta decisión, que podrían abocar a tantos barcos al desguace”, ha reivindicado.

Por otra parte, Medina ha advertido de la inseguridad jurídica que perciben los profesionales perjudicados, pues siguen sin estar claras las zonas afectadas, lo que puede dar lugar a distintas formas de aplicación. Asimismo, ha señalado que también puede generar conflictos y riesgo de sobreexplotación en otras zonas del Atlántico, pues muchos barcos se verán obligados a desplazarse de sus actuales caladeros a otros en los que pugnarán por los recursos existentes con barcos ya asentados allí. Así, además de reclamar al ministro Planas un balance de los efectos que está teniendo en la flota del Estado la imposición de diferentes zonas de veda, el senador de EAJ-PNV le ha instado a avanzar “qué medidas compensatorias o de otro tipo prevé adoptar” el Ministerio, además del anunciado recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.