La senadora de EAJ-PNV, Maribel Vaquero, ha denunciado ante el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales el afán recentralizador y uniformizador del Gobierno español con cada ley que lleva a aprobación. En la comparecencia de Rafael Simancas en la Comisión Constitucional del Senado, Vaquero ha evidenciado que el Ejecutivo central, bien aludiendo a legislación básica estatal o justificando excepcionalidad, se atribuye funciones  que la Constitución no le tiene reservadas al Estado. “Unas veces lo hacen de manera burda y otras como un sirimiri que va calando”, ha ilustrado Vaquero. Aunque Simancas ha asegurado que recentralizar no forma parte de la ideología del Gobierno, Vaquero le ha replicado que “sí lo es la erosión silenciosa que practican”, tal y como la califica el informe del IVAP.

El Secretario de Estado no ha concretado en qué consiste la ‘buena disposición’ que ha mostrado hoy el Presidente del Gobierno ante la Proposición de Ley que registró ayer el Grupo Vasco en el Congreso, con el objetivo de actualizar las leyes que regulan el Centro Nacional de Inteligencia.  Poco más ha aclarado en relación a la situación en la que se encuentra la futura Ley de Información Clasificada que recoge el Plan Anual Normativo de 2022, sobre el que Rafael Simancas ha acudido a informar hoy. Vaquero ha recordado que son reiteradas las demandas de EAJ-PNV en el Congreso reclamando la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, planteando incluso Proposiciones de Ley, como la registrada en diciembre de 2019, que lleva acumuladas 71 ampliaciones del plazo de enmiendas. “Nuestra propuesta no sale, parece que tiene un veto permanente, pero la de ustedes tampoco la conocemos”. El Secretario de Estado se ha limitado a reiterar que el anteproyecto llegará “pronto” al Consejo de Ministros, una respuesta sobre la que Vaquero hubiera preferido mayor concreción, en forma de “medida de tiempo”.

Finalmente, la senadora jeltzale ha lamentado el abuso que hace el Gobierno central de los decretos leyes, amparándose en muchas ocasiones en una “interpretación amplia” de la urgencia requerida por situaciones extraordinarias. “Ese proceder limita el debate y la capacidad de participación y de aportación de los grupos políticos”, se ha quejado.