La senadora de EAJ-PNV, Maribel Vaquero, ha advertido al Gobierno que acortar los plazos a 2023 para la ejecución de los proyectos de Recuperación, Transformación y Resiliencia supone un riesgo tanto para su cumplimiento y, por tanto, para la recepción de los fondos europeos, como para su verdadero objetivo de transformación. La portavoz jeltzale en el área de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha denunciado el “uso electoralista” del Ejecutivo, haciendo coincidir el final de estas actuaciones con el fin de la legislatura cuando la Comisión Europea permite hacerlo hasta 2026.

En la comparecencia del Secretario de Estado, Pedro Saura, en el Senado, la representante jeltzale ha constatado que esta estrategia “nada realista” evidencia una priorización de la recuperación en detrimento de la transformación, ya que “los proyectos transformadores requieren plazos más amplios para su ejecución, por su complejidad, su carácter público privado, su enfoque multidimensional y en muchos casos su carácter insterinstitucional”, ha argumentado. Por ello, Vaquero ha trasladado su preocupación por el peligro de dejar pasar “una oportunidad histórica que puede hipotecar a las futuras generaciones, que se tendrán que hacer cargo del pago de la deuda, de unas inversiones que pueden no ser ni transformadoras ni resilientes”.

Una vez más, desde la formación jeltzale se ha criticado que el Ejecutivo central haya diseñado este plan de manera unilateral, cuando el 50% del total de los fondos europeos irán destinadas a las comunidades autónomas y a las entidades locales. “Si hubieran participado desde un inicio en el diseño y planificación, además de ser respetuoso con el ámbito competencial, sería más eficaz y eficiente”, ha señalado Vaquero reclamando una verdadera cogobernanza. “Por otro lado, siendo estas inversiones de carácter plurianual, faltan datos para que las comunidades autónomas realicen su programación, sobre todo teniendo en cuenta los plazos que maneja el Gobierno del Estado”, ha lamentado.

Finalmente, ha considerado un error pretender mitigar las debilidades de unas comunidades autónomas apelando a la cohesión territorial sin mantener un equilibrio apalancando las fortalezas de otras, haciendo que, además, se perjudique a “aquellas como Euskadi, que ha invertido durante muchos años recursos propios para conseguir un nivel de bienestar y desarrollo económico, que ahora se penaliza en la distribución”.