Sala de Prensa
11/03/2021
EAJ-PNV considera que proponer cambios en la ley para revertir pasadas inmatriculaciones de la iglesia es levantar falsas expectativas
A pesar de que se hubieran producido excesos, las opciones estudiadas solo contemplan interponer acciones judiciales.
El Grupo Parlamentario Vasco ha considerado que tratar de acometer modificaciones legales con el objetivo de revertir las inmatriculaciones que pudiera haber llevado a cabo la iglesia de manera irregular supone “levantar falsas expectativas que no llevan a ninguna parte más que a la frustración”. Así respondió ayer Imanol Landa, en el Pleno del Senado, a la moción presentada por ERC y EH Bildu, sobre la que ha constatado que “resulta jurídicamente inviable”, en tanto que actuar legislativamente y de forma retroactiva sobre los asientos registrales efectuados resulta claramente disconforme a derecho, en tanto contraviene el principio constitucional básico de seguridad jurídica establecido en el artículo 9 de la Constitución. En base a informes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, las inmatriculaciones realizadas desde 1998 hasta la modificación del 2015, se hicieron conforme a la normativa vigente en su momento, y no se presentó en su momento ninguna cuestión de inconstitucionalidad contra la normativa.
El senador de EAJ-PNV ha denunciado los “excesos” que se hubieran podido cometer, poniendo como ejemplo la ermita de Muskilda, en Otsagabia, que una sentencia de 2017 reconoció que era propiedad del patronato municipal y no del obispo, que la había inmatriculado en 1999 junto con una casa aledaña y cinco huertas. Landa recuerda que las resoluciones adoptadas por los Parlamentos vasco y navarro solo contemplan la posibilidad de interponer las acciones judiciales correspondientes para proceder a la recuperación de bienes inmatriculados irregularmente, y en el mismo sentido se posiciona el Informe sobre la Inmatriculación de Bienes Inmuebles de la Iglesia realizado por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de 16 de febrero de 2021 que traslada la cuestión a la vía judicial.
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