EAJ-PNV ha abogado por revisar en profundidad el artículo 525 del Código Penal, que regula las ofensas a los sentimientos religiosos. En el debate en la Comisión de Justicia en torno a la moción del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal que reclamaba la derogación del citado artículo, Imanol Landa se ha inclinado por una revisión del mismo de manera que se adecue a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que reduce las limitaciones al derecho a la libertad de expresión, incluyendo las referencias sobre creencias religiosas, pero que también define sus límites, como la incitación de manera eficiente y directa a la violencia o la difusión de discursos de odio.

Landa ha reclamado una reflexión sosegada, sin legislar ‘en caliente’ sobre casos concretos, y con todos los elementos de juicio necesarios, teniendo en cuenta también el contexto y la sensibilidad social del momento. Más allá de que “las creencias religiosas se encuentran suficientemente protegidas por el resto de artículos de la Sección II del Capítulo IV del Código Penal, sin olvidar su artículo 22.4”, el senador jeltzale ha evidenciado que “no hay que olvidar que el actual contexto y sensibilidad social de nuestra sociedad probablemente no sea el mismo que el de hace 26 años”, cuando se aprobó el Código Penal que lo regula.

De la misma manera, ha puesto sobre la mesa la necesidad de subsanar aquellos elementos de la actual regulación que eviten el subjetivismo y sus consecuencias negativas. “Es un tipo penal concebido para proteger un bien jurídico, como son los sentimientos religiosos individuales, que ostenta ciertamente un carácter difuso y con un alto grado de subjetividad; es difícil objetivar la lesión de un sentimiento”, ha señalado.

Las propuestas jeltzales, incluyendo la instancia al Gobierno central para que elabore un informe sobre el tipo penal previsto, han sido tomadas en consideración al recogerlas la moción aprobada en una enmienda transaccionada por la mayoría de los Grupos Parlamentarios.

El senador de EAJ-PNV ha advertido que querellantes con un perfil vinculado a grupos de presión política reaccionarios han hecho resurgir en los últimos años un delito que apenas contaba con jurisprudencia y que, pese a que los procedimientos penales han concluido en su mayoría en sobreseimientos o absoluciones, “tiene como consecuencia la conocida como ‘pena de banquillo’ para las personas querelladas y el riesgo de un cierto efecto disuasorio derivado de su repercusión mediática sobre el derecho a la libertad de expresión”.