Almudena Otaola ha invitado al Gobierno central a ser “Belarriprest” siendo proactivo con sus responsabilidades hacia el euskera. La senadora de EAJ-PNV ha utilizado esta figura que la campaña ‘Euskaraldia’ prevé para visibilizar a las personas que se ofrecen como receptivas a atender en euskara con el objetivo de impulsar que la Administración General del Estado garantice en Euskadi el derecho de la ciudadanía a utilizarlo en todos sus trámites, un derecho amparado por diversa normativa.

Esta reivindicación, extendida al resto de las lenguas oficiales del Estado, requiriendo para ello la puesta en marcha de las políticas necesarias para garantizar dichos derechos lingüísticos, está incluida en la moción del Grupo Parlamentario Vasco que ha logrado hoy el apoyo mayoritario de la Cámara Alta. La iniciativa también incluye tener en cuenta las necesidades de la ciudadanía en los procesos de selección de personal de la Administración, fomentando para ello su capacitación lingüística en aquellas comunidades con más de una lengua oficial. “Probablemente se sorprenderían con el nivel de competencia lingüística de las personas que prestan este servicio, y sería un paso adelante, un paso importante para normalizar el uso del euskera en los servicios que presta el Estado en Euskadi”. Otaola ha pedido “valentía” al Ejecutivo central: “Tomando el rol de ‘Belarriprest’, se eliminarían muchos prejuicios”, ha augurado, sin perjuicio de señalar, que no cejarán en el empeño de que se cumplan los derechos lingüísticos de todas las personas.

Del mismo modo, ha recordado que tratar de garantizar los derechos lingüísticos en ningún caso es una exigencia discriminatoria. “Los derechos corresponden a la ciudadanía y las obligaciones a las administraciones públicas, y no al revés”. Otaola ha añadido que “para el cumplimiento de este derecho, nuestra legislación prevé la obligatoriedad del conocimiento del euskera para el acceso a un determinado número de puestos en las administraciones vascas, de manera que, cuanto mayor es el número de vascohablantes, mayor es el número de puestos en los que el conocimiento del euskera resulta obligatorio”.

El texto aprobado, cuyas reclamaciones están encabezadas por la instancia al Gobierno central a cumplir con lo establecido en la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, solicita trabajar coordinada y conjuntamente con las Comunidades Autónomas en la elaboración de los informes periódicos ante el Comité de Expertos de la Carta Europea, así como en el análisis e implementación de las recomendaciones del Consejo de Europa en materia de lenguas regionales y minoritarias, con el fin de cumplir las recomendaciones efectuadas. La iniciativa también demanda impulsar la protección y recuperación de las lenguas regionales o minoritarias en los territorios donde éstas no tienen carácter oficial.