EAJ-PNV ha apoyado en la Comisión de Justicia del Senado la  Proposición de Ley por la que se modifica el Artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de manera que el periodo de instrucción pasará a ser de un año, con posibilidad de prórrogas de hasta un semestre cada una, en lugar de los seis meses establecidos actualmente, salvo para las causas calificadas como complejas. El representante jeltzale en dicha comisión, Imanol Landa, ha estimado que la limitación de los plazos de instrucción actuales impiden en ocasiones un desarrollo adecuado de esta fase investigadora del proceso penal, lo cual “trae como consecuencia el archivo prematuro de causas, generando en ocasiones espacios de impunidad”.

La iniciativa ha salido adelante con los votos de todos los Grupos salvo del Partido Popular, con cuya mayoría absoluta se introdujo, en 2015, el vigente artículo 324 de la Ley. “Se introdujo, supuestamente, para agilizar la justicia penal y fortalecer las garantías procesales, pero sus importantes problemas interpretativos y la realidad del colapso de los Juzgados en muchas Comunidades Autónomas han contribuido no solo al claro cuestionamiento de la consecución de sus objetivos, sino a situaciones claramente contrarias al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia”. Entre estas situaciones, Landa ha citado el archivo prematuro de causas, algunas de ellas relacionadas con casos de corrupción; la declaración de causas como complejas sin serlo realmente; acusaciones poco fundadas; y vulneración de derechos fundamentales para las partes, como la falta de tutela para las víctimas.

El texto aprobado, pendiente de su refrendo en el Pleno del martes, fue transaccionado en la Comisión homóloga del Congreso entre el Grupo Vasco, el Grupo Socialista, Grupo Confederal, Grupo Plural (JuntsXCatalunya), Ciudadanos y Grupo Republicano Y mejora sustancialmente” el texto inicial objeto de tramitación en la Cámara baja, en el que se propugnaba la derogación del citado artículo 324. “Desde el Grupo Vasco tanto en el Congreso como en el Senado hemos abogado siempre por encontrar el punto de equilibrio necesario entre unos plazos de instrucción que nos alejen de las instrucciones ilimitadas, que conlleven  una pena de banquillo sine díe, y aquellos que nos acerquen a tiempos realistas y razonables para su correcta tramitación y desarrollo que no acaben provocando los efectos perniciosos señalados anteriormente”.