Imanol Landa ha verbalizado el rechazo de EAJ-PNV a modificar la Ley Orgánica General Penitenciaria, tal y como ha planteado el Partido Popular, al constatar que “oculta el propósito de anular o limitar la actuación del Gobierno Vasco” al excluir a las autoridades administrativas como interlocutores colaborativos para que los condenados por delitos de terrorismo puedan acceder al tercer grado de sus penas. La proposición de ley que el PP ha llevado a la Toma en Consideración del Senado abogaba por limitar la interlocución para acreditar la preceptiva colaboración del reo solamente a las autoridades policiales y judiciales.

En opinión del senador jeltzale, “no parece casual” una propuesta que excluye de facto a las autoridades administrativas y ejecutivas, tal es el caso del Gobierno Vasco y de sus programas de reinserción. Iniciativas como ‘Hitzeman’, un programa orientado a facilitar procesos legales de inserción social de personas presas por delitos de terrorismo, que conecta directamente con el principio de reinserción consagrado en la Constitución, y calificado como “legalmente impecable” por el Fiscal Superior del País Vasco.

“Ni la diversa naturaleza de los requisitos, cuyo cumplimiento no acumulativo se exige para el acceso al tercer grado, justifica esta propuesta,  ni el marco legal europeo del que proviene la introducción del artículo cuya modificación se propugna, la autoriza”, ha detallado Landa. La misma Ley Orgánica 7/2003, de ‘medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas’, recoge que la colaboración activa con las autoridades se ha de entender en los términos previstos en la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea sobre la lucha contra el terrorismo, donde en su Artículo 6 se cita expresamente a las autoridades administrativas y judiciales como interlocutores válidos a tal fin. “Constituye el reconocimiento expreso del papel principal que en esta materia ostentan administraciones como la vasca, en línea con el principio constitucional que determina que la reeducación y la resocialización se deben erigir en principios orientativos básicos hacia los que deben estar orientadas las penas privativas de libertad”.

En resumen, la propuesta popular, “choca frontalmente con la realidad de lo dispuesto en el artículo que se pretende modificar, con la realidad de la resolución europea a tenor de la cual ha de ser interpretado y aplicado y, sobre todo, choca contra la realidad social de un nuevo tiempo que requiere de un Estado social y de derecho que aplique sus propios principios constitucionales sobre la finalidad resocializadora de la pena privativa de libertad”, ha sentenciado Landa.