Sala de Prensa

15/06/2020

Garmendia reclama al Defensor del Pueblo que insista al Gobierno que mejore la respuesta a las demandas de asilo y protección de las personas migrantes

La senadora de EAJ-PNV en el Senado reclama especial atención a los menores cuya estancia se prolonga en los Centros de Estancia Temporal a los que pasan a adultos.

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Mertxe Garmendia ha reclamado al Defensor del Pueblo que insista al Gobierno para que revierta la escasa respuesta que está dando la Administración General del Estado ante las demandas de asilo y protección internacional de las personas migrantes. En la comparecencia de Francisco Fernández Marugán en la Comisión Mixta de hoy, la senadora de EAJ-PNV le ha recordado que el Estado español finalizó el pasado año con más de 135.015  solicitudes pendientes de resolver. “La gestión  necesita una profunda revisión orgánica y funcional, con especial atención a los menores recogidos en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes en los que la estancia se prolonga excesivamente y sobre todo el problema que se da con los que pasan a adultos y quedan en una situación irregular”.

La representante jeltzale ha requerido a Fernández Marugán si el más de medio centenar de sugerencias que la defensoría del Pueblo formuló a la Secretaria de Estado de Migraciones para que asignaran recursos de forma inmediata a estas personas ha tenido respuesta, aunque el Defensor del Pueblo ha trasladado su desconocimiento de ese dato.

La misma inconcreción ha mostrado al ser preguntado por el nivel de cumplimiento del Gobierno central de las medidas que le reclamaba en sus informes de 2018 y 2019 sobre la falta de coordinación y comunicación de los juzgados de violencia  con los servicios especializados de atención integral en los casos de violencia machista.

A lo largo de su alocución, Mertxe Garmendia se ha interesado por algunos temas recurrentes en los informes de los dos últimos años, como las actuaciones que se están llevando o se han llevado a cabo respecto a la situación de discriminación que sufren  las mujeres privadas de libertad por su condición de sexo en las cárceles, el copago de los medicamentos  o las quejas sobre el funcionamiento del bono social eléctrico, entre otros.

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