Imanol Landa ha reclamado al Ministro de Justicia que impulse el desarrollo y la implementación de la Justicia Restaurativa. El senador de EAJ-PNV ha emplazado al Ministro Juan Carlos Campo a comprometerse en favor de este método que se centra en la resolución de los problemas derivados de un delito, para que víctimas, infractrores y comunidad solucionen conjuntamente los conflictos provocados, y “que se abre camino con fuerza como fórmula complementaria a la administración de Justicia”.

Además de dar un impulso a la legislación, el senador de EAJ-PNV ha demandado al Ministro ir más allá de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, que es a lo que lo limita actualmente la Ley 5/2012. “Son varias las Comunidades Autónomas con una larga trayectoria en esta materia que incluso han desbordado ese perímetro jurisdiccional, como es el caso de Euskadi, donde se llevan a cabo más de la mitad de los procesos restaurativos intrajudiciales que se desarrollan en la jurisdicción penal de adultos de todo el Estado”.

Tal y como ha señalado, “es necesario partir del cumplimiento del derecho básico a la información sobre la misma recogido en Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima, continuando por la formación del personal adscrito a los órganos judiciales, y terminando con la posible modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el ámbito penal, para establecer los condicionamientos vinculantes para los órganos de la justicia y las condiciones de acceso de la ciudadanía a un proceso restaurativo intrajudicial con el encaje procesal de los acuerdos alcanzados”.

Abordando otros temas, el representante jeltzale ha subrayado como prioritaria la adecuación del ordenamiento jurídico español a las determinaciones del Convenio de Estambul, sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, así como la implementación de las obligaciones que recoge en ámbitos como el de la prevención o la formación. En el ámbito de la Memoria Histórica, ha demandado “abordar el escollo infranqueable” que supone la aplicación restrictiva de la Ley de Amnistía de 1977 para esclarecer la verdad sobre los crímenes de la guerra civil y del franquismo; y ha abogado por posibilitar la anulación de las sentencias franquistas por razones ideológicas”.

La crisis del COVID-19 también afecta a la Justicia, donde al previsible aumento de la litigiosidad derivado de sus consecuencias en diferentes ámbitos, se suman “las deficiencias estructurales que aquejan a un servicio ya colapsado”. El senador ha apostado por “acentuar el diálogo desde la escucha activa con todos los actores y operadores jurídicos” para tratar de abordar los ámbitos de mejora detectados en el Decreto Ley 16/2020 de medidas urgentes para la reactivación a través del Proyecto de ley en tramitación en el Congreso.