Imanol Landa ha denunciado el empecinamiento del Partido Popular en judicializar la política así como la negación que hace de la misma como fórmula para la resolución de conflictos. Lo ha hecho en el debate sobre las medidas que la formación popular ha planteado en el Senado en relación a los delitos de sedición, el indulto y la convocatoria de referéndums. “Estamos ante el conocido ‘palo y tente tieso’. Ni la judicialización de la política es el camino, ni la aplicación del Código Penal la solución para abordar situaciones de naturaleza eminentemente política como las suscitadas en el caso catalán o vasco”, ha opinado el senador jeltzale.

EAJ-PNV se ha posicionado contra las cuatro propuestas del PP, “que constituyen la expresión clara de su receta política tradicional en conflictos sobre la realidad plurinacional del Estado”, ha evidenciado Landa. “Ante conflictos políticos, soluciones políticas. Y estas se abordan desde el diálogo, la negociación y el acuerdo, no cercenando derechos democráticos básicos ni criminalizando las urnas. La solución tiene que venir y vendrá de un diálogo abierto, constructivo y democrático; de una negociación que dé una respuesta satisfactoria a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía catalana y vasca. Una ciudadanía a la que asiste el derecho a decidir su futuro”.

Al respecto de la modificación del delito de sedición, Landa ha verbalizado la opinión favorable de EAJ-PNV a hacerlo, “para armonizarlo al entorno europeo. Hay una enorme distorsión de las penas establecidas en el Código Penal con los tipos equivalentes del derecho comparado de países del entorno europeo”, con penas de entre 3 y 5 años de privación de libertad según los países, muy alejadas del máximo de 15 años previsto en el texto legal español. En este sentido, el senador jeltzale ha trasladado a la Cámara la reflexión de una catedrática de derecho penal acerca de que no habrá en la Unión Europea ningún otro país en el que un delito contra el orden público tuviera la misma pena que el homicidio.

En cuanto a la propuesta para modificar la Ley del Indulto, Landa ha señalado que impedir al Ejecutivo que pueda ejercitarlo en razón del delito supone una vulneración constitucional, tanto respecto a las facultades del Gobierno como del principio de igualdad que impide la discriminación en la ley entre reos. Finalmente, además de considerar la propuesta para tipificar penalmente conductas vinculadas a los referéndums como antidemocrática, innecesaria, desproporcionada e inútil para la resolución de los conflictos que subyacen detrás de iniciativas como las que se pretenden criminalizar, Landa ha denunciado que esta “choca directa y frontalmente contra el principio de intervención mínima que caracteriza al derecho penal, pero sobre todo contra principios democráticos básicos sustentados en el derecho a la participación ciudadana. En la Europa democrática del siglo XXI la criminalización de las urnas, del voto de la ciudadanía, resulta a todas luces inaceptable”.