El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado ha reclamado al Gobierno del Estado que aplique la legislación que ya existe, tanto a nivel europeo como estatal, de cara a dar protección provisional a los migrantes que vienen a Europa. Jokin Bildarratz se ha referido, en concreto, a la directiva europea aprobada en 2001 relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida; una directiva que fue transpuesta por el Estado español dos años más tarde a través de un Real Decreto.

El senador jeltzale ha defendido esta posición a raíz de la moción presentada en la Cámara Alta por el Grupo Parlamentario Catalán de Democracia y Libertad, que instaba al Gobierno a participar activamente en el proceso de acogida de refugiados en el Estado español, propuesta que ha sido rechazada por la mayoría del Partido Popular. En palabras del representante de EAJ-PNV, “esta no es una situación nueva y por eso se aprobó este concepto de protección temporal, aunque la Unión Europea no lo está aplicando”, ha recordado.

Bildarratz ha estimado que la actitud del Estado español con los refugiados está siendo “de llorar”, y ha recordado que ha ido incumpliendo sistemáticamente los compromisos adquiridos en los últimos años. Así, si entre 2012 y 2013 aceptó acoger a 984 refugiados, sólo recibió a 128; en 2014 no acogió a ni uno solo, pese a comprometerse a acoger a 854 personas; y en 2015 asiló a 18 de las 16.000 que anunció.

Si bien ha estimado que el Estado español “no está siendo parte activa de la solución a este problema”, ha recordado que, por el contrario, existen ayuntamientos y Comunidades Autónomas que sí quieren serlo y por eso disponen de voluntad y recursos para hacer frente a este problema.

El portavoz jeltzale ha lamentado también que el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía no haya tenido en cuenta la decisión adoptada por la Comisión Mixta. En este contexto, se ha preguntado si de verdad Turquía  es un país seguro o que respeta los derechos humanos, o si es lícito mezclar este problema humanitario con las negociaciones de entrada del país otomano en la Unión Europea.