Rut Martínez ha censurado la política sistemática de recentralización que ha emprendido el Gobierno con la excusa de la crisis económica. Martínez ha asegurado que el Gobierno español esgrime continuamente el artículo 149.1. de la Constitución que regula la competencia exclusiva del Estado en diferentes materias como justificación para arañar competencias a las Comunidades Autónomas.

La senadora jeltzale ha recordado que la mayoría absoluta con que cuenta el Gobierno en las Cortes le asegura un control total del calendario, contenido y procedimiento legislativo, lo que ha facilitado la aprobación durante la legislatura de 114 leyes y 69 Reales Decretos Ley. A consecuencia de ello, el Grupo Vasco ha presentado 26 vetos a diferentes Proyectos de Ley, mientras que Gobierno Vasco ha presentado 9 recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, todos ellos para evitar las invasiones competenciales.

En opinión de la representante de EAJ-PNV, el Gobierno “se ampara en su mayoría absoluta y en la lentitud resolutiva del Tribunal Constitucional, cuyos miembros han elegido ustedes –le ha recordado-, para apropiarse de ámbitos competenciales propios de las instituciones vascas”. Además de utilizar las leyes y los Decretos, Martínez ha indicado que el Gobierno también trata de invadir competencias “recurriendo judicialmente cualquier reminiscencia al hecho diferencial que nos confiere el Estatuto”. Así, ha citado el recurso sistemático del Delegado del Gobierno en Euskadi contra todo lo que tenga que ver con el euskera, o el recurso contra la convocatoria de selección de nuevos agentes de la Ertzaintza.

Por todo ello, Martínez ha acusado al Gobierno estatal de “aplicar la política de los hechos consumados pervirtiendo así el sistema y las reglas del juego”, por lo que ha instado a que el Ejecutivo reconozca públicamente que “no creen en el Estado de las Autonomías y que su modelo de Estado es centralista”. Asimismo, al ministro Montoro le cargó la culpa de que “año tras año reduce la capacidad de gasto de las comunidades autónomas y los entes locales, impidiendo de facto lo que no puede impedir abiertamente, que no es otra cosa que la capacidad de las Comunidades Autónomas de desarrollar su propia política al amparo de sus competencias estatutarias y por ende, constitucionales”.