La solicitud tiene su origen en la jornada de reflexión y diálogo, auspiciada por diferentes Grupos Parlamentarios (también entonces, a excepción del PP) y alentada por la Plataforma por la Comisión de la Verdad, realizada el pasado 24 de marzo en el Senado. Con motivo del Día Internacional del Derecho a la Verdad, se alcanzó el compromiso de impulsar la creación en la Cámara Alta de esta Comisión Especial que, en relación con los citados informes de Naciones Unidas y desde el reconocimiento y apoyo a todas las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista, proponga, con el máximo acuerdo posible, la implementación de las recomendaciones contenidas para España, haciendo una propuesta dirigida a corregir deficiencias y encarar las tareas aún pendientes en materia de memoria histórica. Y, en ese sentido, debería formular los cambios administrativos que para ello fueran necesarios, entre ellos los necesarios para crear una Comisión de la Verdad y la prestación de un mayor reconocimiento y apoyo a todas las víctimas de la guerra civil y el régimen franquista.

Los citados informes De Greiff y Dzumhur-Dulitzky de Naciones Unidas, fueron realizados en sendas visitas a España de diferentes Grupos de Trabajo en 2013 y 2014, y fueron presentados en la 27 reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra entre los días 9 y 11 de septiembre de 2014. En ellos, se recogen recomendaciones que afectan a una gran diversidad de cuestiones (promoción de la verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, desapariciones forzadas…) y que alcanzan a una gran variedad de departamentos institucionales del Estado. Recomendaciones que se han realizado desde la experiencia y especialización que tiene una institución como la ONU.

Los autores de los informes realizaron un arduo trabajo sobre el terreno manteniendo contacto con autoridades de las distintas instituciones españolas: con representantes de la sociedad civil, incluyendo víctimas, familiares, asociaciones, académicos, médicos, arqueólogos y antropólogos forenses, historiadores, abogados, y el secretario general de la Conferencia Episcopal, además de visitar sitios emblemáticos de memoria en Madrid, Andalucía, Barcelona y Galicia. Unos informes que suponen, por ello, una inaplazable oportunidad, dada su calidad y minuciosidad, para reforzar la apuesta española en materia de Memoria Histórica desde una gran diversidad de ámbitos y materias.