A iniciativa de EAJ-PNV, el Senado ha aprobado hoy instar al Gobierno español a que incluya en el anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la trata y explotación de seres humanos una serie de medidas con el objetivo de garantizar los derechos de las víctimas. María Dolores Etxano ha logrado concitar el acuerdo casi unánime de la Cámara en un texto que recoge las reivindicaciones de las entidades especializadas de Euskadi y que la senadora jeltzale trasladó la semana pasada a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la interpelación que originó la moción aprobada hoy.

Así, se ha aprobado reclamar que se revise el anteproyecto para que incorpore la modificación de la Directiva 2011/36/UE, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, que refuerza el enfoque victimocéntrico; que tenga en cuenta el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad del 27 de mayo de 2022, en virtud del cual se concretó el primer modelo de acreditación para el acceso de las víctimas a los derechos socio-asistenciales previstos en el artículo 12 del Convenio de Varsovia; que garantice que el reconocimiento de los derechos a las víctimas de trata no esté vinculado a la interposición de la denuncia ni a la participación de las víctimas en la investigación penal; que incorpore la perspectiva de género, con un enfoque interseccional e intercultural, además del enfoque de infancia y juventud, edad, situaciones de especial vulnerabilidad y de discriminación que afecten a las víctimas de este delito, incluyendo una revisión del texto a un lenguaje no sexista, igualitario e inclusivo; que mantenga el sistema de acreditación de las entidades especializadas, también las entidades de ámbito territorial, reforzando su papel en la detección y atención de las víctimas, en colaboración con las entidades más cercanas; y que incorpore la memoria presupuestaria y la financiación necesaria para poder implementar todos los compromisos y objetivos.

En su intervención, Etxano ha destacado la necesidad de que el Gobierno lleve a cabo las correcciones mandatadas, dado que el anteproyecto propuesto “centraliza procedimientos, aumenta la vulnerabilidad de las víctimas, rompe la coordinación conseguida a nivel de las comunidades autónomas -en concreto, de Euskadi-, no pone a la víctima del centro, no incorpora en su totalidad las previsiones de los tratados internacionales y es contraria al trabajo realizado durante los últimos años por nuestras entidades”. Etxano ha denunciado, asimismo, que el texto plantee despojar a las comunidades autónomas la posibilidad de reconocer las entidades acreditadas para la identificación de víctimas de trata y de explotación, poniéndola en manos de los ministerios de Interior y de Justicia, y que requiera a las mismas estar constituidas como entidades de ámbito estatal o autonómico.