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Sala de Prensa

06/06/2024

EAJ-PNV solicita a la ministra de Igualdad que incluya en el anteproyecto de Ley Orgánica contra la trata varias medidas que garanticen los derechos de las víctimas

Ha presentado una moción consecuencia de la interpelación defendida esta semana, en la que María Dolores Etxano trasladó a Ana Redondo las reivindicaciones de las entidades especializadas de Euskadi

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El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado ha presentado una moción en la que reclama que el anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la trata y explotación de seres humanos incluya una serie de medidas para garantizar los derechos de las víctimas. La iniciativa, que se debatirá y votará en el pleno de la semana que viene, es consecuencia de la interpelación que defendió en la sesión plenaria del martes María Dolores Etxano, en la que apremió a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a introducir varias modificaciones al texto presentado por el ministerio trasladando las reivindicaciones expresadas por las entidades especializadas de Euskadi.

La iniciativa jeltzale insta al Gobierno español a que el anteproyecto de Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos realice una revisión del texto, para que se adapte a un cambio de paradigma consistente en que tenga un enfoque victimocéntrico y no criminocéntrico. Asimismo, demanda tener en cuenta el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad del 27 de mayo de 2022, en virtud del cual se concretó el primer modelo de acreditación para el acceso de las víctimas a los derechos socio-asistenciales previstos en el artículo 12 del Convenio de Varsovia, así como que garantice que el reconocimiento de los derechos a las víctimas de trata no esté vinculado a la interposición de la denuncia ni a la participación de las víctimas en la investigación penal, y que mantenga el sistema de acreditación de las entidades especializadas, reforzando su papel en la identificación de las víctimas, en colaboración con las entidades más cercanas, y que se revise el papel que se otorga a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que puede ser disuasorio para las víctimas.  La iniciativa jeltzale también reclama incorporar al texto legislativo la perspectiva de género, con un enfoque interseccional e intercultural, además del enfoque de infancia y juventud, edad, situaciones de especial vulnerabilidad y de discriminación que afecten a las víctimas de este delito. Incluyendo una revisión del texto a un lenguaje no sexista, igualitario e inclusivo.  

Etxano manifestó el martes a la ministra de Igualdad la necesidad de corregir el anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la trata y explotación de seres humanos, al considerar que centraliza los procedimientos, aumenta la vulnerabilidad de las víctimas, rompe la coordinación conseguida a nivel de Euskadi, no pone a la víctima en el centro, y tiene una visión policial, contraria a todos los tratados internacionales y al trabajo realizado durante años y años por las entidades.

En previsión de futuras trabas para introducir modificaciones en un anteproyecto aún pendiente de ser debatido en las Cortes Generales, Etxano solicitó a la ministra a adecuarlo. “Para garantizar el acceso de las víctimas a sus derechos; para reforzar las aportaciones realizadas por las entidades de nuestro territorio que trabajan en el terreno con las víctimas; para evitar que una ley de un marcado perfil centralizador acabe con el trabajo de coordinación interinstitucional que tenemos en Euskadi y en el resto de comunidades autónomas; para evitar una ley de una marcada perspectiva crimino-céntrica; y para que doten al texto de la necesaria perspectiva de género, interseccionalidad y enfoque de infancia y juventud del que carece”. Así, ha añadido Etxano, “para quienes defendemos, que las acreditaciones administrativas son la puerta de acceso a los derechos para las víctimas y creemos que el acceso a los mismos no debe estar vinculado a la interposición de denuncia ni a la participación de las víctimas en la investigación penal, debemos defender el marco actual”.

Etxano denuncia que el texto plantee despojar a las comunidades autónomas la posibilidad de reconocer las entidades acreditadas para la identificación de víctimas de trata y de explotación, y que entre los requisitos a cumplir se exija que estén constituidas como entidades de ámbito estatal o autonómico. “En Euskadi, corresponde a Emakunde emitir el documento de acreditación administrativa de víctima de trata y/o explotación sexual, y a su vez acredita a las organizaciones especializadas con experiencia en la detección, atención y protección a víctimas de trata, que emiten el informe de detección a los efectos de la emisión del documento de acreditación administrativa”. Tal y como critica, “el gobierno desconoce que existen entidades de ámbito territorial, con larga experiencia y que son referentes de las víctimas en su territorio”.

Además, la senadora jeltzale ha trasladado que preocupa y mucho la propuesta del Mecanismo Nacional de derivación, la Unidad Multidisciplinar de Identificación o la resolución de identificación definitiva como víctima de trata y explotación de seres humanos, que consideramos centralizadora e invasiva, constituye una injerencia en el ámbito institucional y competencial, multiplica la burocracia y centraliza la atención. Aleja de la proximidad y de la posibilidad de dar una respuesta rápida a las víctimas por parte de las instituciones más cercanas y de las entidades especializadas que operan en el territorio, Siendo lo más grave, que desplazan a las entidades que tienen contacto directo con las víctimas. 

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