EAJ-PNV ha denunciado el uso partidista de las instituciones por parte del Partido Popular, por valerse de su mayoría absoluta en el Senado para forzar una Comisión de Comunidades Autónomas y convocar a los presidentes autonómicos para debatir sobre la amnistía o tratar de influir en posibles acuerdos de gobierno, cuando “no les corresponde ni son de su competencia”, tal y como ha manifestado la portavoz jeltzale en dicha comisión, María Dolores Etxano. La senadora ha situado el objetivo de la cita de hoy en el “enfado” por parte del PP por la falta de apoyos de Alberto Núñez Feijóo para ser investido presidente del Gobierno español, y les ha reiterado que, “pese a su intento de hacer ver que el debate político lo guían desde esta Cámara las comunidades autónomas que gobierna el PP, el debate político real está en las negociaciones para la investidura donde, aunque les duela, participamos soberanistas, independentistas y abertzales”.

Así, ha criticado que la respuesta de los representantes institucionales del Partido Popular ante la fracasada investidura de Núñez Feijóo y un posible acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez “está siendo cada vez más irresponsable: agitan la calle llamando a la ciudadanía a la protesta, instigando a la confrontación y a la polarización social”. Ante ello, una vez más, Etxano ha mostrado la disposición de EAJ-PNV a trabajar en aquellos acuerdos que sirvan para desjudicializar el conflicto catalán y que contribuyan a construir y consolidar convivencia y cohesión social. “Frente a la judicialización que ofrecen, nosotros proponemos diálogo; frente a la imposición, negociación; frente al tensionamiento social e institucional, debate sereno y constructivo. Y que nadie tenga dudas de que EAJ-PNV seguirá exigiendo y trabajando por el reconocimiento de la Nación vasca”, ha subrayado.

La portavoz del Grupo Vasco ha lamentado que el PP invoque el principio de igualdad constitucional con el objetivo de lograr una “absoluta uniformización; podríamos decir que pretenden algo que es inconstitucional”, obviando que “la propia Constitución diferencia entre nacionalidades y regiones, ampara en su Disposición Adicional Primera los Derechos Históricos de los territorios forales, está reconocida la bilateralidad en la relación financiera y tributaria de Euskadi y Nafarroa. Pero esa parte de la Constitución a ustedes no les interesa”, ha apuntado. De hecho, ha aseverado que esa manera de entender el Estado y de interpretar la Constitución que tienen los partidos estatales “es lo que ha traído los conflictos que ahora debemos solucionar abordando no solo la desjudicialización del conflicto catalán sino también abordando el debate del modelo territorial y el reconocimiento real de la plurinacionalidad del Estado, algo que a nuestro entender es posible a través de una interpretación de la Constitución menos centralista, más acorde a la realidades de las distintas naciones que existen en el Estado. Algo que no se hizo en el 78 pero que ahora entendemos que es, no solo posible sino necesario”.

Al respecto de los sistemas de financiación autonómicos, María Dolores Etxano ha vuelto a negar que tanto el Concierto Económico como el Cupo supongan “privilegio alguno, como tampoco el reconocimiento de una diferencia equivale a desigualdad alguna”, ha añadido subrayando la diferencia entre privilegio y derecho. “El Concierto y el Cupo son el derecho que rige nuestra relación fiscal y financiera con el Estado; relación con más de 800 años de antigüedad y que en su manifestación de Concierto y Cupo alcanzan casi los 140 últimos años”. Finalmente, aunque fiel a la costumbre del Grupo Parlamentario Vasco de no debatir sobre el sistema de financiación de las comunidades de régimen común, por respeto competencial, Etxano ha emplazado a cumplir el compromiso adquirido en la Ley de financiación autonómica de 2009 de proceder a su revisión quinquenal, cuestión que no se ha formalizado desde 2014. “Hay que afrontar la revisión del modelo, hacia un sistema que permita a las comunidades autónomas poder atender eficientemente los servicios públicos esenciales que son de su competencia, como son la sanidad, educación o los servicios sociales”.