La portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, Estefanía Beltrán de Heredia, ha instado al Presidente del Gobierno español a corregir el criterio por el que actualmente se deniega el reconocimiento y la indemnización a las víctimas del terrorismo del GAL, Batallón Vasco-Español y grupos de extrema derecha que no han sido condenadas judicialmente por participación en delitos graves. En la sesión de control de esta tarde, Beltrán de Heredia ha advertido al presidente Pedro Sánchez que seguir este principio, determinando mediante procedimiento administrativo la existencia de delito y a las personas penalmente responsables, “supone vulnerar el principio de legalidad, la presunción de inocencia y el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, generando indefensión”.

Beltrán de Heredia ha constatado que la interpretación que el Gobierno español hace del Convenio Europeo en el que se fundamentan las denegaciones de indemnización “es extensiva y arbitraria”, ya que “se está declarando culpables a personas sin que haya mediado un procedimiento judicial, sin que haya una sentencia condenatoria, y eso nos parece muy grave”. Tal y como ha detallado, se basa en pruebas indiciarias sin suficiente fiabilidad, “en ocasiones fundamentadas en simples detenciones o informes policiales que, en algunos casos, no contienen más de una línea”.

La culpabilización sin posibilidad de enjuiciamiento causa, además, un daño moral a las familias, “que se encuentran en la indefensión más absoluta”, se ven abocadas a un recorrido judicial de años, y concluye con la desestimación de los recursos y la imposición del pago de grandes importes por costas; “es como si se pretendiera ejercer un mayor castigo sobre las familias”. La portavoz de EAJ-PNV ha evidenciado la diferencia de trato que se está dando entre las víctimas “categorizando y diferenciando en función del victimario”, y ha emplazado al Presidente del Gobierno a “revertir y corregir estas situaciones injusta. Desde hace cuatro años la responsabilidad y la capacidad para hacerlo está en sus manos”.

Pese a ello, el presidente Sánchez ha mantenido que la interpretación que realiza el Gobierno español se ajusta a derecho y a lo establecido en la ley de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo y que, confirmadas en vía judicial por los tribunales españoles y europeos, no cabe revisión por parte del Gobierno de España.