El senador de EAJ-PNV, Imanol Landa, ha denunciado ante el Secretario de Estado de Justicia la ausencia de referencia alguna a la reforma de la Justicia Universal en el Plan Normativo del Gobierno español. En la comparecencia de Tontxu Rodríguez ante la Comisión de Justicia del Senado, Landa ha censurado que el compromiso que le trasladó el ministro Juan Carlos Campo en el pleno del 23 febrero del año pasado “se ha evaporado” de las previsiones legislativas del Ejecutivo central. “No es un buen indicio; da muestra de la trascendencia que se le confiere”, ha apuntado.

Tal y como ha evidenciado el senador jeltzale, los “horrores” que está generando la invasión de Ucrania por el Gobierno de Putin visualizan de manera “más patente que nunca la necesidad de una justicia universal que evite la impunidad ante los crímenes de guerra y de lesa humanidad”. Por ello, ha emplazado a revocar las reformas legales que se llevaron a cabo en 2009 y, fundamentalmente en 2014, del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que supusieron una merma considerable de este título jurisdiccional. “Es necesario volver a una justicia universal plena, sin limitaciones y sin cortapisas que aborde la realidad de estos horrendos crímenes y de las responsabilidades inherentes a los mismos”.

Por otra parte, Landa ha trasladado la “oposición frontal” de EAJ-PNV a la prisión permanente revisable, una pena cuyos supuestos de aplicación podrían ser ampliados si saliera adelante la Proposición de Ley que ayer el Congreso aprobó tomar en consideración para su debate, con los votos del PSOE tras un informe favorable del Ministerio de Justicia. El senador jeltzale ha denunciado la voluntad política de profundizar en la “regresión civilizadora, una anomalía histórica que se aleja de los principios liberales en el cumplimiento de las penas”, como lo califica uno de los votos discrepantes de la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre esta pena en octubre de 2021.

En base a la citada sentencia “tan constitucional es su mantenimiento como su derogación”, ha señalado Landa, que entiende que, apelar a la misma “no constituye razonamiento suficiente para descartar la abolición de una pena que, de facto, puede suponer la prisión perpetua para el reo en claro quebranto del consenso constitucional” de no establecer dicha pena. “La seguridad no puede erigirse en excusa o justificación para el retroceso en derechos fundamentales y básicos, ni para cuestionar los propios principios de resocialización y reeducación inspiradores de la pena”, ha finalizado.