Imanol Landa ha participado esta semana en el Senado en las jornadas organizadas por la Plataforma por la Comisión de la Verdad en torno al Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. El senador jeltzale ha comenzado su alocución refiriéndose a la invasión de Ucrania, un hecho que interpela a la Memoria Histórica al evocar el desastre que supuso la guerra del 36, donde “EAJ-PNV se situó junto a su pueblo en el lado correcto de la historia y en el lado perdedor de la contienda”. Una vez más, ha reivindicado el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, que en Euskadi se impulsa y desarrolla desde estructuras institucionales consolidadas como el Instituto Gogora, que se ha mantenido con gobiernos diversos y constituidos por formaciones políticas distintas. “En Euskadi existe un grado de consenso social y político muy amplio en el ejercicio del derecho a la verdad de las víctimas de la guerra y del franquismo”, ha subrayado.

Tal y como ha evidenciado Landa, la actividad parlamentaria del Grupo Vasco en Cortes Generales se alinea plenamente con esas praxis, promoviendo los avances en las políticas de reconocimiento de esas víctimas e impulsando la superación de la legislación vigente, bien en relación a la prescripción de los delitos o en torno a la Ley de Amnistía de 1977, sobre las que los órganos judiciales hacen una interpretación estricta y restrictiva que establece “muros infranqueables para el esclarecimiento de la verdad”, ha expresado Landa.

Con este mismo objetivo, la reforma de la ley de Secretos Oficiales es una constante entre las reivindicaciones de EAJ-PNV desde 2016, “una ley franquista que no se ajusta a los parámetros de las leyes equivalentes de nuestro entorno europeo”, y sobre la que el Grupo Vasco plantea una ley de plazos que permitiría levantar el secreto de los documentos clasificados en un plazo de 25 años, y de 10 en el caso de materias reservadas. Landa ha enumerado ejemplos de numerosos episodios cuyo esclarecimiento se antoja imposible al seguir bajo el manto de la opacidad de la ley, como “la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, casos como los de Mikel Zabalza recientemente reconocido como víctima de violencia policial por el Gobierno Vasco o el caso Lasa y Zabala, todos ellos detenidos, torturados y muertos en manos de la Guardia Civil”.

Como conclusión, Imanol Landa trasladó su convencimiento de que “el debido reconocimiento y ejercicio de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la dictadura franquista son también el camino para la reconciliación social, entendida sobre todo como la aspiración de una sociedad que se articula como comunidad política basada en unos valores y principios compartidos centrados en los derechos humanos”.