Sala de Prensa

19/11/2021

Estefanía Beltrán de Heredia exige al ministro Bolaños la retirada de una exposición de la División Azul en el cuartel de Loiola, en Donostia

Evidencia al Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y de Memoria Democrática que la muestra infringe la Ley de Memoria Histórica, por lo que ha presentado una pregunta escrita sobre la misma.

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Estefanía Beltrán de Heredia ha exigido al Ministro Félix Bolaños “la retirada inmediata” de la exposición permanente que sobre la División Azul se muestra en el cuartel militar de Loiola, en Donostia. En la comparecencia del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y de Memoria Democrática en el Senado, la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco le ha cuestionado “¿cómo casa esta exposición en un edificio público, un edificio del Estado, con la Ley de Memoria Histórica de 2007?”, pese a que a principios de año su antecesora, Carmen Calvo, aseguró en sede parlamentaria que en los acuartelamientos e instalaciones militares no quedaba ningún elemento que se oponga a  lo previsto en la citada ley.

En relación a la Ley de Memoria Democrática, Beltrán de Heredia ha mostrado su respaldo a avanzar en el reconocimiento y la recuperación y dignificación de las víctimas de la guerra civil y la dictadura, y para ello ha evidenciado la necesidad de “remover la legislación que dificulta el acceso a los fondos documentales” desbloqueando la Ley de Secretos Oficiales para desclasificar documentos de la Guerra Civil.

Además, la portavoz de EAJ-PNV ha aprovechado la presencia del Ministro en la Comisión Constitucional en la Cámara alta para censurar al Ejecutivo que “pocas veces se ha visto en un Estado descentralizado una gestión tan centralizada” como en la gestión de la pandemia. “Tenemos un concepto muy distinto de cogobernanza: significa gobernanza compartida, colaboración y codecisión, y solo hemos visto tutelaje y centralización; el Gobierno de España decide y las comunidades autónomas ejecutan”. De la misma manera, ha lamentado la incertidumbre jurídica con la que se ha debido de gestionar el estado de alarma, con sentencias distintas e incluso contradictorias de los diferentes tribunales, hasta el punto de declarar inconstitucional el propio estado de alarma, lo que revela la necesidad de nuevos instrumentos jurídicos.

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