Una vez más, EAJ-PNV se ha mostrado contrario a la prisión permanente revisable y ha preguntado a la Ministra de Justicia, Pilar Llop, cuándo va a proceder el Gobierno central a derogar esta pena introducida en Código Penal por el anterior ejecutivo, del Partido Popular.

El senador Imanol Landa considera que la introducción de esta medida en el Código Penal responde a “legislar en caliente” y se ha mostrado crítico con la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la prisión permanente revisable. Landa ha aclarado que esta sanción “niega principios y valores básicos, como la orientación a la reeducación y reinserción social”. Asimismo, opina que esta medida “aun siendo revisable, nada impide que pueda traducirse en una privación de libertad perpetua” y ha considerado que “rompe gravemente con el consenso constitucional”.

Durante su intervención, el senador ha recordado a la ministra Llop que el Grupo Vasco ya presentó una Proposición de Ley Orgánica pidiendo la supresión de esta pena y que ésta obtuvo el sustento de una amplia mayoría de la cámara baja. En este sentido, EAJ-PNV ha pedido a la ministra que “actúe con altura de miras” y elimine esta pena del Código Penal. “La defensa de la seguridad no debe conllevar el menoscabo de derechos y valores fundamentales” ha zanjado el senador.

En una segunda iniciativa promovida por el Grupo Vasco, la Senadora Mertxe Garmendia se ha dirigido a la Portavoz del Gobierno y Ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, para exigirle que el ejecutivo español tome las medidas necesarias para garantizar la atención de la euskera en aquellos servicios que la Administración General del Estado tiene en Euskadi.

Según el requerimiento emitido por el Comité de Expertos de la carta europea de lenguas regionales y minoritarias, ciudadanos encuestados en Euskadi han calificado la atención en euskera en los servicios de la AGE como “insatisfactorios” en dos de sus tres aspectos. Para la senadora jeltzale este resultado es “decepcionante” y por ello ha exigido que el Gobierno español que cumpla las recomendaciones de este mismo comité, tal y como indica su informe publicado el pasado mes de marzo. 

Finalmente, Garmendia ha concluido su intervención pidiendo a la ministra Rodríguez “permitir el empleo de las lenguas oficiales en los procedimientos judiciales” y ha exigido que se “adopten medidas estructurales” para garantizar el empleo del euskera en los servicios de la administración del estado.