María Dolores Etxano ha defendido el respeto a las competencias de Euskadi para seguir desarrollando medidas que permitan conciliar la vida laboral y familiar. En la Comisión de Igualdad de la Cámara alta, la senadora de EAJ-PNV ha apoyado instar al Gobierno central a que diseñe prestaciones a quienes hayan reducido su jornada laboral para atender a menores, mayores o dependientes con motivo de la crisis sanitaria, aunque ha reivindicado que eso es algo que en Euskadi se lleva tiempo desarrollando bajo la perspectiva de la promoción de la igualdad y la consecución de un nuevo orden social corresponsable. Unas medidas que “cuentan ahora con nuevas líneas de financiación, algunas creadas expresamente a las necesidades creadas por el estado de alarma”, ha añadido.

Entre las mismas, Etxano ha enumerado las subvenciones a familias afectadas por el cierre de centros educativos y centros de atención a personas con dependencia o mayores, así como a familiares de personas afectadas o aisladas por la Covid-19 que tengan que atender sus cuidados. “Todos estos decretos de ayuda para la conciliación de la vida laboral y familiar, para el cuidado de hijos e hijas, reducción de jornada y/o excedencia laboral y las complementarias para dar respuesta a los efectos de la Covid-19 se dictan al amparo de las competencias que permite el Estatuto de Autonomía del País Vasco”, ha explicado para exigir su respeto.

Tras evidenciar que estas labores de cuidado recaen desproporcionadamente en las mujeres, entre quienes la Covid-19 ha tenido mayores consecuencias negativas, Etxano ha urgido a adoptar medidas que incorporen la perspectiva de género en las medidas que se adopten en el ámbito de la conciliación, la corresponsabilidad y la reconstrucción “para evitar que una crisis genere de nuevo un aumento de las desigualdades y un retroceso en el ejercicio de los derechos de la mujer y de la igualdad”. Tal y como ha recalcado, “el principal reto va a ser que se consiga pasar de lo coyuntural al plano estructural, donde se puedan construir relaciones más justas ente todas las personas y en todos los hogares”, y ha emplazado a los poderes públicos a promover los cambios normativos necesarios para que las empresas y administraciones públicas “pasen a hacerse corresponsables con el cuidado, siempre con el debido respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas”.