José María Cazalis ha reprochado al Gobierno del Estado que haya aplazado dar respuesta a su requerimiento para que dé su autorización del uso de óxido cuproso para fumigar los montes de Euskadi afectados por las bandas roja y marrón. El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación no acudirá esta tarde a la sesión de Control al Gobierno del Senado, por lo que la pregunta que el senador de EAJ-PNV le iba a realizar ha sido aplazada hasta la sesión de febrero.

“Según los técnico internacionales canadienses y neozelandeses que han analizado la situación, este tratamiento hay que hacerlo en marzo o, a más tardar en abril, por lo que no contar con el permiso del Ministerio supone no poder comenzar con la tramitación del procedimiento y se corre el riesgo de no completarlo a tiempo”, ha explicado Cazalis. “El Gobierno está eludiendo su responsabilidad, ya que nadie más puede tomar la decisión de la fumigación aérea del óxido cuproso para afrontar este grave problema”.

El senador de EAJ-PNV ha mostrado su preocupación a Luis Planas en varias ocasiones, la última en la Comisión de Agricultura, donde le emplazó a autorizar el empleo de este producto que se lleva usando desde hace muchos años en el tratamiento de las plagas de hongos en las vides o los árboles frutales. “Parece que el Ministerio no quiere adquirir la responsabilidad de autorizar ese uso. Lo que no sé es si está dispuesto a asumir la responsabilidad social económica y medioambiental de no permitir la aplicación de un método contrastado, de aplicación generalizada en condiciones de seguridad para personas, para el medio y para los recursos hídricos, tal y como se recomienda en el informe de NEIKER-TECNALIA”, advirtió entonces.

Cazalis explicó, también, que la estrategia que han diseñado las diputaciones forales, que son las competentes, establece el uso de menos de 1,5 kg/Ha de óxido cuproso, menor cantidad que los 4,5 kg/Ha que hace escasas fechas ha aprobado la Unión Europea para los próximos 7 años, incluso para la agricultura ecológica. Todo ello se haría a través de helicópteros especializados, preservando unas zonas de exclusión de 100 metros de núcleos habitados, embalses, captaciones de agua y zonas de vulnerabilidad de los acuíferos.