Nerea Ahedo ha afeado al Partido Popular su iniciativa dirigida a homogeneizar las retribuciones de los profesionales de los centros dependientes del sistema nacional de salud al constatar que “anula la capacidad de gestión de las comunidades autónomas y, además, quiebra el sistema legal vigente”. La senadora de EAJ-PNV ha censurado que la moción que sacado adelante el Grupo mayoritario, mediante la que insta al Gobierno central a promover la creación de un grupo de trabajo que estudie las bases para la citada homogeneización, “es una nueva vuelta de tuerca en ese intento centralizador y uniformador que insisten en imponer”, ha espetado.

La representante jeltzale en el área de salud ha recordado que lo que pretende esta iniciativa “es contrario a la Constitución, a la Ley General de Sanidad y al Estatuto de Gernika”. De hecho, la Carta Magna no atribuye al Estado otra competencia más que la de establecer las bases y coordinación general del sistema, unas bases se establecieron con la Ley General de Sanidad, que contempla la creación en cada comunidad autónoma de un servicio de salud gestionado bajo la responsabilidad de las respectivas comunidades y de acuerdo con las necesidades sanitarias de cada territorio. “Dentro de su ámbito de competencias, las comunidades autónomas regulan la organización, las funciones y la asignación de medios personales y materiales de cada uno de los servicios de salud”, ha recordado Ahedo. Al respecto del Estatuto de Gernika, su artículo 18.1 señala que corresponde al País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior.

La senadora de EAJ-PNV ha recordado que ya en 2003 el Estatuto Marco superó con creces el concepto de bases de su régimen jurídico de la Ley General de Sanidad y la capacidad ordenadora básica del Sistema Nacional de Salud, lo que ya supuso un recorte. El citado Estatuto Marco establece que las retribuciones básicas serán iguales en todos los servicios de salud y se determinarán anualmente en los presupuestos generales, “pero reconoce a las comunidades autónomas la capacidad de ordenar las retribuciones complementarias; algo que se pretende ahora socavar”, ha concluido.