Sala de Prensa

08/11/2017

A iniciativa de EAJ-PNV, el Senado acuerda pedir al Gobierno Central que comparezca en la Cámara Alta para explicar el grado de ejecución de las iniciativas aprobadas

Solicita que el Reglamento de la Cámara incluya la obligación de que un representante del Ejecutivo acuda a la Comisión de Hacienda y Función Pública durante el primer mes hábil de cada periodo de sesiones.

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A iniciativa de EAJ-PNV, el Senado acuerda pedir al Gobierno Central que comparezca en la Cámara Alta para explicar el grado de ejecución de las iniciativas aprobadas

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A iniciativa del Grupo Vasco, el Senado ha aprobado por unanimidad iniciar el procedimiento para reclamar que el Reglamento de la Cámara incluya la obligación de que un representante del Gobierno deba comparecer ante la Comisión de Hacienda y Función Pública para explicar el grado de ejecución de las iniciativas aprobadas. La formación jeltzale ha reclamado añadir al artículo 178 un mecanismo para que el Ejecutivo informe y responda a los requerimientos de los Grupos durante el primer mes hábil de cada periodo de sesiones acerca de iniciativas aprobadas en el ciclo anterior.

Tal y como ha denunciado Victoriano Gallastegi, “que la aplicación de las mociones quede solo al amparo de la voluntad de los Gobiernos de turno, hace que la Cámara quede indefensa ante una posible no aplicación o una aplicación contraria al sentido con el que fueron aprobadas; no tiene sentido que el Senado apruebe iniciativas sin que el Gobierno deba responder ante esta actuación”, ha estimado el senador de EAJ-PNV que ha recordado que el control de las labores del Ejecutivo es una de las funciones que tienen los Parlamentos.

El pasado mes de marzo el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la iniciativa del Grupo Parlamentario de EAJ-PNV para reformar el reglamento de la Cámara Baja en términos similares, incluyendo también la obligación del Gobierno de presentar un informe en el primer mes de cada periodo de sesiones en el que explique el grado de ejecución de las iniciativas aprobadas en el periodo de sesiones anterior, obligación que sí recoge la ordenanza del Senado que fija para ello un plazo de seis meses. 

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