Restituir lo antes posible a sus legítimos dueños la vivienda que les ha sido usurpada es el objetivo que EAJ-PNV ha incluido en la moción aprobada hoy por el Senado, en la que se insta al Gobierno a iniciar los trámites para mejorar el marco normativo que regula el delito de usurpación de inmuebles. Jokin Bildarratz ha subrayado que este nuevo fenómeno criminológico “no se refiere a la ocupación de viviendas por parte de personas en situación de exclusión o de marginalidad extrema, sino a la que llevan a cabo organizaciones mafiosas que las ofertan como si estuviéramos ante sistemas inmobiliarios o de promoción no formales”.

La aportación del portavoz jeltzale a la moción aprobada por gran parte de los Grupos Parlamentarios de la Cámara Alta, refuerza la idea de agilizar el proceso de restitución de los inmuebles a sus dueños “desde el primer momento de apreciación de indicios de infracción penal”, situación de ocupación ilegítima que, añade, “debe deducirse fehacientemente en el atestado policial”.

La moción plantea que se establezca el estudio de un procedimiento o juicio rápido o inmediato que agilice el tiempo de los litigios derivados de estas ocupaciones ilegales. Asimismo, y mientras no se produzcan estos cambios en la ley, se ha planteado impulsar en los órganos competentes las medidas correspondientes para que puedan tratarse estos juicios rápidos, además de que se alcance el compromiso para identificar los edificios usurpados y poder proceder a una pronta denuncia y a la petición de medidas cautelares por la Fiscalía para obtener el desalojo inmediato de los ocupantes.

También se ha solicitado al Gobierno del Estado que elabore un plan especial contra las mafias que trafican con pisos vacíos, para lo que se plantea impulsar la coordinación entre los diferentes cuerpos policiales, cada una en el ámbito de sus competencias. Como medida para arbitrar el realojo de las familias más vulnerables, se ha propuesto la obligación legal de trasladar a los servicios sociales competentes todas y cada una de las resoluciones que incluyan una fecha de lanzamiento de las personas usurpadoras.