Jokin Bildarratz ha solicitado la comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado de Silvia Navarro, Francisco Ferrándiz y Eduardo Ranz. Navarro, con quien el portavoz de EAJ-PNV se reunió recientemente, es la presidenta de la Asociación Pro Exhumación de Republicanos en el Valle de los Caídos, y su intervención estaría dirigida a relatar la situación de los familiares en los procesos de exhumación de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. Para explicar el procedimiento de identificación de los cuerpos en las exhumaciones se ha requerido a Francisco Ferrándiz, antropólogo e investigador principal en ‘Las políticas de la Memoria’, mientras que el abogado especializado en memoria histórica Eduardo Ranz sería el encargado de detallar el nivel de cumplimiento por parte del Estado español de la Ley de Memoria Histórica.

Precisamente la razón que motiva la inacción del Gobierno del Estado ante la aplicación de esta Ley 52/2007 es una de las preguntas que, para su respuesta por escrito, el senador jeltzale ha presentado a la Comisión de Justicia. Bildarratz también ha reclamado saber si el Ejecutivo central piensa llevar a cabo alguna acción, más allá de la identificación de la situación de las fosas, en el seno de la citada Ley. El portavoz también ha preguntado qué coste económico supone la exhumación de un cuerpo de una fosa común y su posterior identificación.

En relación al Valle de los Caídos, Bildarratz ha vuelto a insistir en saber si el Gobierno se plantea alcanzar un nuevo acuerdo con la Abadía Benedictina de la Santa Cruz, para actualizar el Convenio que se firmó el 29 de mayo de 1958 por el que se asignaba a la misma las funciones de “rogar a Dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional, interpretar las bendiciones del Altísimo para España y laborar por el conocimiento e implantación de la paz entre los hombres, sobre la base de la justicia social cristiana”.

Las inscripciones de ‘Caídos por Dios y por España, 1936-1939’, ubicadas sobre la puerta de la sacristía de la Basílica, también han sido motivo de cuestión para el Bildarratz, que ha preguntado al Gobierno si las mismas no le parecen “una memoria de parte o que vulneran la dignidad de quienes fueron asesinados por luchar justamente contra esas ideas”. También ha demandado al Gobierno su opinión sobre el “reconocimiento permanente” con el que cuentan en el templo el dictador Franco y el fundador del partido golpista de 1936, José Antonio Primo de Rivera.

Además de solicitar qué obras se han realizado, y con qué coste, en los últimos cinco años en la estructura del Valle de los Caídos, Bildarratz se ha interesado por conocer en qué situación se encuentra el cumplimiento del auto dictado por el juzgado número 2 de El Escorial, que permitía la exhumación de los hermanos Lapeña.