José María Cazalis ha criticado a la Defensora del Pueblo haber ignorado a la Secretaría General para la Paz y Convivencia del Gobierno vasco a la hora de recabar opiniones para el informe sobre los derechos de las víctimas de ETA y su situación actual. El senador de EAJ-PNV ha censurado a Soledad Becerril haber obviado consultar “con quien es clave para cualquier proceso de reconocimiento a las víctimas y reconciliación de la sociedad vasca y del resto del Estado; el texto siempre quedará incompleto si no se tienen en cuenta las instituciones vascas que están trabajando en ello”.

En el debate suscitado en la presentación del informe correspondiente a la gestión realizada por el Defensor del Pueblo durante el año 2016, Cazalis ha vuelto a incidir en la necesidad de que el organismo “se active ante las situaciones y sentencias que se vienen produciendo en relación a la tortura”. Así, ha recordado cómo el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado a España hasta en ocho ocasiones desde que se firmó el convenio europeo de derechos humanos por no investigar denuncias de torturas. “Nos parece que las actuaciones recogidas en su informe y la propia defensoría ha sido muy poco beligerante con este asunto ante el Gobierno y le pedimos que cumpla con su función de defensora del pueblo ante hechos tan execrables como la tortura”.

El portavoz jeltzale ha insistido un año más en las injusticias que, en materia penitenciaria, suponen la situación de los presos afectados por enfermedades graves y terminales, así como el alejamiento que sufren los presos condenados por delitos de terrorismo. “No vemos que usted haga ningún hincapié en este tema”, ha censurado Cazalis. El senador de EAJ-PNV ha reiterado que la política de dispersión y alejamiento no tiene ningún sentido. “Nunca lo ha tenido y menos ahora que ha terminado la actividad de ETA; y es, además, una pena añadida al reo y de condena injusta añadida a sus familiares, que no han cometido ningún delito. Este tipo de prácticas podrían ser malinterpretadas o interpretadas como ensañamiento o venganza, y esto no puede tener cabida en una sociedad moderna y un Estado de derecho”.