Sala de Prensa
28/02/2017
EAJ-PNV no participará en el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional en el Senado al considerarlo un tribunal “de parte”
Jokin Bildarratz ha avanzado que la formación jeltzale no tomará parte ni en la Comisión de Nombramientos ni en el Pleno cuando se debata este trámite.
El portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado ha avanzado que EAJ-PNV no participará en los procedimientos que se llevarán a cabo para designar a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde elegir a la Cámara Alta. Jokin Bildarratz ha argumentado la ausencia de la formación jeltzale de la Comisión de Nombramientos que elegirá a los representantes entre hoy y mañana, así como al Pleno que lo ratificará la semana que viene, al entender que “el Tribunal Constitucional es un tribunal de parte”.
Tras enumerar varios pasajes que reflejan la escasez de independencia de la que adolece el órgano que ejerce la función de supremo intérprete de la Carta Magna, como que un miembro del Partido Popular como Pérez de los Cobos ocupase en su día el cargo de presidente o el papel que está jugando al obstaculizar la resolución del conflicto territorial con Cataluña, Bildarratz ha emplazado el partido que ocupa el Gobierno del Estado a resolver esta anomalía democrática. “El Partido Popular tiene que resolver una de las grandes deudas que tiene con esta sociedad, que es transmitir a la ciudadanía que verdaderamente la justicia es independiente”, ha opinado, tras recordar conflictos recientes como el relevo de la Fiscal General del Estado o el del fiscal jefe de Murcia, impulsor de las últimas investigaciones contra el presidente de esa comunidad.
Cuestionado acerca de la necesidad de un nuevo sistema de elección de los magistrados al Tribunal Constitucional, el portavoz de EAJ-PNV ha reconocido no compartir el método actual, por lo que ha reclamado “un planteamiento más ecuánime” a nivel político. De la misma manera, ha censurado que el procedimiento para los nombramientos tenga unos tiempos de intervención excesivamente limitados, en lugar de trabajar de una manera individualizada para determinar a las personas más óptimas para el cargo, y ha propuesto analizar la manera de resolver los desequilibrios que se producen en aspectos como el género o la edad de los magistrados.
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