El Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV ha instado al Grupo Popular a tomar medidas para reducir el precio de la energía a la industria en lugar de realizar mociones de propaganda y autocomplacientes. La senadora María Dolores Etxano ha recordado al Grupo Popular que el precio que pagan las empresas del Estado español por la energía con la que deben de llevar a cabo su actividad es mayor que en otros países europeos, lo que redunda en la pérdida de la competitividad, y que ese ámbito “es competencia exclusiva del Estado”. Etxano ha estimado que esta situación genera “resultados como los cierres de Arcelor Mittal en Zumarraga y Sestao, y crea incertidumbre en el resto de acerías modernas”, y ha añadido que no acompañar a las medidas antidumping que establece la UE también repercute negativamente en ese sentido.

En el debate de la Cámara Alta sobre la moción presentada por el PP acerca de ‘continuar las reformas emprendidas para reforzar la competitividad y productividad de nuestras empresas’, la representante jeltzale ha opinado que “no se puede mantener una industria que resulte puntera y competitiva, que genere actividad económica y el mantenimiento o creación de empleo de calidad, si no se pone el máximo esfuerzo en eliminar todas aquellas actuaciones contrarias a este objetivo”.

La portavoz de EAJ-PNV en la Comisión de Economía y Competitividad se ha mostrado contrariada con el balance “autocomplaciente y de propaganda” que el Grupo que sustenta el Gobierno en funciones ha realizado de la pasada legislatura, y ha insistido en que la continuidad de esas medidas no consolidará esa “tímida” recuperación. “No podemos hablar de recuperación económica sólida, porque las bases de la economía española no lo son”, ha recordado.

María Dolores Etxano ha subrayado, asimismo, que algunas de las medidas que plantea el Partido Popular invaden competencias de las Comunidades Autónomas como la vasca. Eso mismo se lo ha achacado a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Podemos, que no ha tenido en cuenta que las atribuciones  de Formación profesional, de Políticas Activas, de Becas o de Tributación, entre otras, no corresponden al Estado sino a Comunidades Autónomas o a Diputaciones Forales.