Sala de Prensa
02/03/2016
El Grupo Vasco trasladará al Senado una queja que exige subsanar las trabas de accesibilidad en la estación de tren de Orduña
Hace suya la reclamación de una usuaria con movilidad reducida y anuncia que planteará iniciativas y contactará con el Ministerio de Fomento para solucionarla
El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado ha hecho suya la reclamación de una ciudadana vizcaina, que reclama a Renfe que tome medidas que subsanen las trabas de accesibilidad que le impiden tomar el tren en la estación de Orduña, y ha adquirido el compromiso para que se aborde este tema en la Cámara Alta. “Plantearemos iniciativas y nos pondremos en contacto con el Ministerio de Fomento para poder dar respuesta a esta necesidad”, han asegurado.
La problemática que abordará el Grupo de EAJ-PNV se refiere a la reclamación presentada por María Luisa Goikoetxea, que sufre una disminución de movilidad como consecuencia de un ictus, por lo que debe desplazarse tres veces por semana a Bilbao para seguir con su rehabilitación, proceso que se ve dificultado al no poder acceder a la unidad ferroviaria con su scooter.
Según la afectada, Renfe ni se ha puesto en contacto con ella. Asimismo, el Grupo Parlamentario Vasco ha mostrado, además, su “extrañeza y desacuerdo con la falta de empatía y de delicadeza” de la Defensora del Pueblo del Gobierno central al respecto de este caso. Concretamente, Soledad Becerril dictaminó que “no se considera justificado proseguir con la tramitación de la queja” argumentando los “recursos económicos limitados que alega tener Renfe”. Además, la responsable del ente gubernamental añadió que la compañía ferroviaria “tendría la necesidad de estudiar y programar una actuación como la demandada en función del uso y la demanda de viajeros, y siempre y cuando beneficie al mayor número de personas”.
Desde EAJ-PNV han recordado que “ya hace algunos años que la legislación hace hincapié en que todo producto, entorno o servicio ha de ser accesible para todas las personas”. Así, la accesibilidad se ha ido convirtiendo en un derecho y también en una de las maneras de acción positiva que tienen los poderes públicos para garantizar la no discriminación de las personas con discapacidad.
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