Pese a contar con el apoyo del resto de Grupos Parlamentarios, la mayoría del Partido Popular ha impedido que saliera adelante en el pleno del Senado la iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco para solicitar al Gobierno que adopte una serie de medidas tendentes a posibilitar el derecho de autodeterminación el pueblo saharaui. Incluso algunos representantes del Grupo Popular, principalmente los canarios, declinaron ejercer su voto o se ausentaron de la sala, evidenciando un desacuerdo con la postura de su formación.

La moción presentada por Iñaki Anasagasti solicitaba exigir al Gobierno estatal un plan de divulgación para explicar la verdadera historia de la Marcha Verde propiciada por Marruecos para ocupar el Sahara español, en noviembre de 1975, y que, pese a la Resolución 3458 B del 10 de diciembre de 1975 de las Naciones Unidas, que ratificaba los planes de la ONU propiciando el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, actualmente la situación sigue sin resolverse.

En noviembre se cumplirán 40 años de esos hitos históricos para el Sahara, Marruecos y España, y aprovechando que durante el periodo 2015-2016 será precisamente el Estado español quien presida Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Anasagasti buscaba, también, que el Gobierno diera instrucciones  para que  su representante plantease en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas  el cumplimiento de la citada Resolución, así como que trabajase con los Gobiernos de Francia, Marruecos y los demás países que conforman el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con objeto de llevarla adelante.

“Sabemos que cuando el Partido Popular estaba en la oposición siempre tenía como bandera el hecho de que el asunto saharaui se tenía que resolver no con un paño caliente, sino, fundamentalmente, con el ejercicio del derecho de autodeterminación para al pueblo saharaui”, azuzó el senador jeltzale, previendo que los populares no mostrarían esa sensibilidad en la votación. En este caso, el representante popular alegó motivos burocráticos para justificar su postura contraria a una iniciativa que  también respondía a necesidades desde el punto de vista de los derechos humanos de la población que reside en los territorios del Sáhara Occidental.