El Grupo Parlamentario Vasco del Senado ha pedido que se elimine la cuota que el Estado español tiene establecida para la importación de lomos de atún de países que no tienen acuerdos de importación con la Unión Europea porque no cumplir con sus exigencias a nivel sanitario y laboral. José María Cazalis ha verbalizado el rechazó a la moción presentada por el Grupo Popular, y que ha sido aprobada, en la que se insta al Gobierno a adoptar medidas para que las industrias conserveras puedan competir con los posibles competidores extracomunitarios.

En opinión del senador jeltzale, esta iniciativa que apoyan varias empresas conserveras es “incoherente”, por cuanto que, si bien en el punto 3 pide que las conservas de esos países no entren en la Unión Europea hasta demostrar que cumplen las condiciones exigidas, “y lo piden porque no las cumplen”, en los puntos 1 y 2 piden el aumento de aranceles de lomos de atún de esos países. “Es decir, quieren que no entren las conservas, pero sí los mismos lomos que acabarían en esas latas y que habrán sido pescados en las mismas condiciones”.

La razón que lleva al Grupo Vasco a mantener esta posición no es otra que garantizar las condiciones legales, laborales y sanitarias de esos productos, además de velar por el mantenimiento del empleo tanto en Euskadi como en el Estado español. “Aumentando esa cuota de las actuales 22.000 toneladas de lomos importados a las 30.000 que se solicitan, desciende la demanda de trabajo en el Estado. Si hacen falta 1.000 personas durante 288 días a pleno rendimiento para manufacturar el atún entero, al ahorrarse esa labor desaparecerían esos puestos de trabajo. También harían falta menos arrantzales para faenar, menos buques que se construyen en nuestros astilleros…”, vaticinó Cazalis.

Ha sido el senador Lopez Veiga el encargado de justificar la postura del Partido Popular. Además de realizar un ataque al sector pesquero al acusarle de no querer llevar la bandera española pero pedir ayuda del ejército para la protección de sus buques en alta mar, censuró al representante jeltzale de ir en contra de los países en vías de desarrollo. “Es todo lo contrario”, ha argumentado Cazalis. “Existen los acuerdos con la Unión Europea para regular esta actividad. Estos países cumplen las exigencias mínimas de sanidad y de condiciones laborales, mientras que en los que no están controlados existe, y así está demostrado, pesca ilegal, esclavismo, explotación de menores y condiciones sanitarias que han llegado a ser castigadas por la UE”. Organizaciones ecologistas, la Organización Internacional del Trabajo o Environmental Justice Foundation, entre otras, han denunciado estas actividades contrarias a los derechos humanos.

La postura de EAJ-PNV se ve reforzada, además, con el hecho de que con las flotas de bandera española, de empresas de otros países con capital español y de países con convenios con la Unión Europea “hay más que suficiente para abastecer a las conserveras de la Unión Europea”.