Pese a encontrarse en pleno núcleo urbano de la localidad, una inadecuada delimitación de los terrenos motivó que el Gobierno central estimase que el edificio que empleaban los arrantzales antes de trasladarse a su nueva ubicación ocupa terrenos de dominio público marítimo-terrestre. Sin embargo, y vistas las excepciones realizadas por el Ejecutivo central en circunstancias similares, el senador José María Cazalis exigirá a Isabel García Tejerina que actúe de la misma manera en el caso del edificio oriotarra. “¿Cuáles son las razones del Gobierno para mantener bloqueado el uso del edificio, en clara discriminación frente a otros muchos edificios y núcleos de población que fueros excluidos del dominio público marítimo terrestre por la nueva Ley de Costas?”, preguntará el portavoz jeltzale en las Comisiones de Pesca y de Medio Ambiente en la sesión de control al Gobierno que se realizará el martes. El senador hace referencia a la Ley de Costas aprobada en 2013 mediante la que cientos de edificios y poblaciones costeras verían afectados sus usos de manera retroactiva al encontrarse en dominio público marítimo terrestre, donde no es posible la construcción de viviendas, pero que excepcionalmente no se verán influidos por el nuevo texto, quedando así legalizada su situación.

Cazalis ha censurado que la Dirección General de Costas frene el desarrollo del Plan Especial de Orio, vía contencioso-administrativo, cuando en su día respondió afirmativamente al citado Plan, que recogía la habilitación de viviendas, y que contaba con el visto bueno de todos los organismos competentes. “No tiene sentido: no media una recuperación medioambiental, el edificio está en el centro del pueblo, al ser histórico deberá ser rehabilitado y no derribado, y permitirá al Ayuntamiento urbanizar su entorno”, recuerda el representante del PNV.

Todo el edificio de la antigua cofradía de pescadores se encuentra bajo el dominio de la Ley de Costas debido a que cuando la Dirección General de Costas dependiente del Gobierno central realizó el deslinde del dominio público marítimo terrestre utilizó una escala tan amplia e inexacta que dividió en dos los usos del edificio: los propios de un núcleo urbano y los del dominio público marítimo terrestre, lo que origina ahora el problema que denuncia el senador jeltzale.