Bildarratz, que ha preguntado a Catalá sobre la opinión de éste en relación con la posibilidad de organizar un acto de desagravio a las víctimas del franquismo ha dejado claro que se deberían “tomar las medidas oportunas para eliminar cuantos cargos honoríficos existen todavía de personas afectas al régimen, y aprobar una declaración institucional acordada con las fuerzas políticas”.

“Reconocer una injusticia y proteger a sus víctimas debe ser un objetivo prioritario para los poderes públicos en un Estado de derecho. Por ello es trascendental reparar el daño causado, reconocer la situación de indefensión y poner todos los medios al alcance para restituir, reconocer, recordar y recuperar”, ha señalado el portavoz jeltzale.

Por último, Jokin Bildarratz ha remarcado que “tenemos como sociedad una deuda que saldar; una deuda con las propias víctimas, sus familias y sus seres queridos; y una deuda con nosotros mismos. Porque aquellas víctimas tienen también derecho a verdad, justicia, reconocimiento y reparación. Porque aquel pasado también habita y forma parte de nuestro presente. Aquellas familias tienen derechos al reconocimiento”.

En la misma sesión plenaria, el senador de EAJ-PNV, Iñaki Anasagasti, ha formulado dos preguntas al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria; una de ellas sobre si el Gobierno piensa presentar ante las distintas instancias de la Unión Europea, la resolución del ministro para la Defensa de Venezuela, que autoriza el uso de armas de fuego, sustancias químicas y armas potencialmente mortales para controlar cualquier tipo de manifestaciones y reuniones públicas. Y la segunda, sobre si el Gobierno piensa impulsar un plan renove para la maquinaria herramienta.

Por su parte, el senador jeltzale, José María Cazalis, ha solicitado a la ministra de Agricultura, Alimentación y Pesca, Isabel García Tejerina, los plazos en que el Gobierno va a completar la aplicación de la reducción en las cotizaciones sociales y los beneficios fiscales incluidos en las directrices europeas sobre ayudas estatales en el sector pesquero (50% de reducción de IRPF a las tripulaciones, 90% de reducción de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y modificación del Impuesto de Sociedades), con el objetivo de hacer más competitiva la flota pesquera de bandera española que faena fuera de aguas comunitarias.