La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que se aprobó hace un año, ha entrado hoy en vigor y reserva un puesto para cada una de las dos cámaras que forman las Cortes Generales en su Consejo.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es el organismo encargado de promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las normas de buen gobierno. Actúa con plena autonomía e independencia en el cumplimiento de sus fines. Los vocales serán nombrados por un periodo de cinco años, aunque podrán prorrogar su mandato en otros tantos años. El objetivo del PNV es que los puestos de los parlamentarios en el organismo sean rotatorios.

La presencia en este organismo de nueva creación es algo importante, ya que supone ser parte activa en una acción de control de la actividad pública, tan degradada en los últimos tiempos debido a la mala utilización que ha hecho de ella una minoría de representantes de la ciudadanía pero que ha sido suficiente para lograr denostar la imagen de toda la clase política. La nueva Ley de Transparencia, y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como su principal herramienta, es un instrumento tan necesario para el control de las actividades de los representantes políticos como para que estos puedan recuperar la credibilidad y el buen nombre entre la ciudadanía.

Además de los dos integrantes de las Cortes –mañana se debe elegir al representante en el Congreso de los Diputados-, aún faltan por designar cinco vocales, en representación del Tribunal de Cuentas, de la Agencia española de Protección de Datos, de la Secretaría General de Administraciones Públicas, de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal y del Defensor del Pueblo. En este último caso, el designado ha sido José Manuel Sánchez Saudinós, mientras que el resto deberá ser elegido en breve ya que el Gobierno estatal pretende aprobar la composición completa del Consejo este viernes. La misma estará presidida por la que hasta fechas recientes fuera la directora general de Modernización Administrativa, Esther Arizmendi.