La mencionada retirada del recurso ha sido posible tras la marcha atrás dada el pasado viernes por el Gobierno estatal, que aprobó en el Consejo de Ministros  una modificación retroactiva de los presupuestos de 2014, de modo que no estén sujetos a tasa de reposición las Administraciones Públicas que cumplan con los criterios de déficit y deuda, como es el caso de Euskadi. Hasta ese momento, el decreto limitaba al 10% la tasa de reposición de cuerpos policiales, lo que hacía inviable continuar con la convocatoria de 120 plazas, ya que solamente alcanzaba los 80 puestos.

La resolución de este conflicto ha sido posible gracias a las negociaciones llevadas a cabo por la senadora Rut Martínez con el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. La retirada del recurso por parte de la Abogacía del Estado ha supuesto un motivo de satisfacción para el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado ya que supone un alivio para las más de 3.700 familias que están pendientes de esta convocatoria que sigue su curso sin interrupción desde que se pusiera en marcha.

El agrado en el Grupo Parlamentario Vasco es mayor, si cabe, debido a que gracias a la medida adoptada no se atenta contra el ámbito estatutario de la Comunidad Autónoma Vasca, posición que ha defendido sin concesiones. ”La retirada del recurso supone el reconocimiento por parte del Gobierno español de la legalidad del procedimiento de convocatoria llevado a cabo por la administración vasca, algo que siempre hemos defendido desde mi grupo parlamentario” ha señalado Rut Martínez.

De hecho, el Estatuto de Gernika establece que las decisiones referentes a la Ertzaintza corresponden a la Junta de Seguridad (órgano bilateral en el que participan el Gobierno Vasco, a través de la Consejería de Seguridad, y el Gobierno estatal, mediante el Ministerio del Interior) y no están sujetas a la normativa común que rige al resto de administraciones públicas del Estado. Fue precisamente esa Junta la que decidió que la dotación de agentes de la Ertzaintza necesarios para garantizar la seguridad en Euskadi es de 8.000 agentes, por lo que la convocatoria en marcha “se antoja necesaria para garantizar el correcto servicio público” debido también al gran número de jubilaciones que se prevén a corto plazo en la Policía Autónoma como consecuencia de las ajustadas horquillas de edad de las primeras promociones.

“Tan importante como garantizar estas 120 plazas ha sido asegurarnos de que no se iba a cuestionar el procedimiento de convocatoria, porque saltárselo, como llegaron a exigirnos desde el PP vasco, hubiera sentado jurisprudencia y tal vez habríamos salvado la vigésimo cuarta promoción de la Ertzaintza, pero habríamos puesto en peligro las promociones futuras renunciando a un ámbito importante de nuestro autogobierno”, apuntó Rut Martínez.