Concretamente, insta al Gobierno a confeccionar y presentar, en el plazo de un año, un informe sobre los cambios necesarios en la ley 17/1967 de Estupefacientes y en el Código Penal, basándose en los acuerdos y recomendaciones en materia de drogas adoptados a escala europea, así como un informe de unificación de doctrina, junto con un calendario de aplicación de las medidas que sean necesarias para adaptar el marco normativo y procesal actual a la realidad existente de los Clubes Sociales de Cannabis.

El Grupo Vasco ha presentado el Proyecto No de Ley para instar al Gobierno al cambio del marco normativo básico estatal, cumpliendo con lo acordado en la ponencia de estudio creada en el Parlamento Vasco para regular los Clubes Sociales de Cannabis y recogido en el informe aprobado el 3 de octubre en la Cámara de Gasteiz. Este cambio normativo es imprescindible para dotar de seguridad jurídica a estas asociaciones de consumidores de cannabis.

Dando por entendido que el cannabis es una droga y que, por tanto, es susceptible de crear adicción, consecuencia nociva de su consumo, José María Cazalis estima que es necesario regular estos clubes por cuanto que es obligación del Estado conjugar el derecho individual de las personas al consumo y al cultivo para el autoconsumo, aunque se ejerza de manera colectiva, con la obligación de preservar la salud pública y la seguridad ciudadana. Para el Grupo Parlamentario Vasco, es esencial evitar los efectos indeseables de las adicciones, preservar del consumo a los menores de edad y luchar contra los tráficos ilegales de sustancias.

En cuanto a la seguridad jurídica de la actividad, el representante del Partido Nacionalista Vasco, en vista de la dispar jurisprudencia que aplican en cada caso los Tribunales Provinciales, Los Tribunales Superiores de Justicia o el Tribunal Supremo, considera necesaria la unificación de los parámetros a aplicar por lo que solicita la elaboración de un informe por parte del Consejo General del Poder Judicial.