Aunque la moción del Grupo Vasco  (a la que han sido añadidas las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya) ha sido finalmente rechazada, el senador vizcaino ha querido evidenciar cómo mientras en la Unión Europea el acceso a sus archivos por parte de los investigadores se produce a partir de los treinta años, sin embargo en España todo son dificultades o negativas sin la menor argumentación. “No sabemos qué riesgos para la seguridad nacional puede existir en desclasificar documentos de un pasado lógicamente duro pero que necesita ser superado”, ha interpelado Anasagasti.

El Senador vizcaino ha detallado dos episodios “inaceptables” en dos archivos españoles, como el veto del actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, a la desclasificación de unos 10.000 documentos militares correspondientes a los años 1936-1968, aunque la anterior ministra, Carme Chacón, había autorizado su consulta y eventual reproducción; o la declaración como secreta y reservada, a propuesta del ministro Miguel Ángel Moratinos en 2010, de gran parte de la documentación histórica del archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación sobre la actividad diplomática, las relaciones internacionales y la política exterior españolas sin fijar una limitación temporal, por lo cual esta restricción podía afectar tanto a la documentación del siglo XX como a Ia del XVIII.

Los investigadores también han denunciado que desde septiembre de 2011 el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación comenzó a denegar la consulta en su Archivo Central de la documentación diplomática de carácter histórico por regla general, y han asegurado que la respuesta del Ministerio a sus quejas ha sido el cierre definitivo a la investigación del Archivo de Exteriores y la dispersión de sus fondos entre el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General de la Administración, en septiembre de 2012. “Estas últimas actuaciones del ministro del Gobierno Rajoy suponen una clara vulneración de los derechos de los ciudadanos para acceder a la documentación histórica y un incumplimiento flagrante de acuerdos y normativas internacionales del Consejo de Europa, el Consejo Internacional de Archivos, la Unesco...”.

Tras recordar que dicha documentación “no es del Gobierno, aunque tenga a su cargo su cuidado y mantenimiento”, Anasagasti ha valorado que “la existencia de políticos que vetan el acceso a la documentación o dificultan su consulta refleja la limitada calidad de la democracia española, porque impedir el libre conocimiento del pasado es una violación directa de los derechos humanos y de unos derechos tan básicos y elementales como cualquiera de los que conforman una democracia plena”.

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