La senadora de EAJ-PNV, Almudena Otaola, ha reclamado al Gobierno español que impulse la traducción de los textos legislativos al euskara y al resto de lenguas oficiales para posibilitar su uso en procedimientos judiciales, administrativos y legales. En la sesión de control al Gobierno, la representante jeltzale ha trasladado al ministro Félix Bolaños que la última disposición normativa de las Cortes Generales promulgada en euskera es de octubre de 2021. “Desde esa fecha no hay disponible en nuestra lengua ni una sola normativa, con lo que, en cualquier procedimiento judicial o administrativo relacionado con una normativa posterior, sin la seguridad jurídica que proporcionaría una traducción oficial, la persona interesada tiende a renunciar a sus derechos lingüísticos”.

Asimismo, tal y como ha apuntado la senadora jeltzale, la ausencia de la traducción de la legislación consolidada puede suponer, por ejemplo, un riesgo añadido para las partes que desean ejercer sus derechos lingüísticos al realizar un juicio en euskara. “Es evidente la necesidad de que las leyes que emanan de las Cortes Generales, estén disponibles en las diferentes lenguas oficiales, ya que, de lo contrario, es muy complicado hacer uso de los derechos lingüísticos si la normativa aplicable no cuenta con una traducción oficial”, ha añadido Otaola.

En el Día Internacional de la Lengua Materna, la portavoz jeltzale en el área de Cultura ha preguntado al ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática si existe alguna previsión para promulgar en las todas las lenguas oficiales las leyes que emanan de las Cortes Generales. Otaola se ha mostrado preocupada por la respuesta del ministro, en la que ha avanzado que se utilizará una herramienta de inteligencia artificial para la traducción del BOE; “tratándose de textos legales, no aporta seguridad jurídica que la traducción oficial requiere. Es necesario contar con personal traductor cualificado para esta finalidad”.

Finalmente, le ha recordado que el Estado español ratificó la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias, por la que adquiere, entre otros compromisos, el de ‘hacer accesibles en las lenguas regionales o minoritarias los textos legislativos más importantes’, más allá de que tanto la Constitución española como el Estatuto de Autonomía del País Vasco “protegen e impulsan nuestra lengua propia, el euskera”.