La senadora de EAJ-PNV, Rosa Peral, ha apremiado a la ministra de Educación y Formación Profesional a poner en marcha “cuanto antes” los procedimientos necesarios para reconocer las cualificaciones de las personas refugiadas. En la sesión de control de hoy, la representante jeltzale ha denunciado que el Estado español “poco o nada ha hecho” en relación a tomar medidas que permitan a las personas refugiadas acreditar su formación, experiencia y dominio del idioma pese a que España ratificó en 2009 el Convenio sobre Reconocimiento de Cualificaciones Relativas a la Educación Superior en la Región Europea, firmado en Lisboa; un tratado que obliga a los estados a desarrollar medidas que permitan realizar estas validaciones.

Tal y como ha explicado la senadora jeltzale, la homologación y convalidación de títulos universitarios obtenidos en el extranjero requiere procedimientos que se prolongan hasta más de dos años para resolver los expedientes.“ Eso, en el caso de contar con toda la documentación que certifica los estudios realizados; con las personas refugiadas y solicitantes de asilo, podemos imaginarnos la imposibilidad de realizar este trámite dado que en la mayoría de las ocasiones han tenido que huir con lo puesto de sus países, y tampoco es posible solicitar documentación original o legalizada en ellos, en muchas situaciones para no ponerse en peligro”.

Por ello, ha preguntado a la ministra Pilar Alegría qué medidas ha tomado el Gobierno para poner en marcha el Pasaporte Europeo de Cualificaciones para Refugiados. Esta herramienta fue implementada en 2017 por el Consejo de Europa a partir de un proyecto piloto desarrollado en Grecia para que, incluso en ausencia de documentación completa, las personas refugiadas y solicitantes de asilo puedan acreditar su cualificación tras evaluar la documentación disponible y realizar una entrevista. “No solo sirve para el acceso a otros niveles de estudios o encontrar empleo, sino que, una vez obtenido es válido en otros países europeos”.

El EQPR ya ha sido reconocido en Armenia, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Croacia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos, Noruega, Rumanía, Serbia y Reino Unido y numerosas personas refugiadas ya se están beneficiando de su utilización, sin embargo, en el Estado español no existe esta herramienta ni ninguna otra para ello. “Es una obligación como sociedad acogedora que somos, porque no solo beneficia a estas personas, también a toda la ciudadanía. No podemos desaprovechar el talento”, ha concluido.