EAJ-PNV ha demandado un análisis riguroso y prudente acerca de la necesidad de modificar la Ley de garantía integral de la libertad sexual. En el debate en el Senado de una moción por la que el PP pretendía instar al Gobierno español a su revisión para restituir las penas tal y como se establecían en la ley anterior, María Dolores Etxano ha evidenciado que el único cambio que ha traído la unificación de las penas ha sido el margen de decisión de los jueces sobre su aplicación, entendiendo que no solo no se han rebajado sino que se han ampliado al incorporar agravantes. “Si en su aplicación práctica se ha favorecido en algunos casos la rebaja de la pena a los agresores debemos revisar los aspectos que lo están posibilitando, y quizá no necesariamente los debamos buscar en la Ley”, ha destacado.

De esta manera, Etxano ha señalado la disparidad de interpretaciones que existen entre los jueces en relación a la aplicación de unas medidas que están generando los “efectos indeseados” de la reducción de penas, advirtiendo en algunos casos “un sesgo y/o falta de perspectiva de género y de comprensión de lo que es la violencia sexual y cómo opera, minimizando sus efectos”. Por ello, ha considerado imprescindible que los Tribunales de Justicia realicen una “interpretación univoca” de la norma.

Además de afear la búsqueda de “rédito político” del Grupo Popular, al proponer un “debate de trazo grueso, mezclándolo todo y generando alarma” para arremeter “contra una Ley que nunca ha defendido”, -“que también ha facilitado el Ministerio de Igualdad con declaraciones iniciales poco oportunas”- la senadora jeltzale ha verbalizado la negativa jeltzale a la iniciativa del PP y le ha reprochado que se centre exclusivamente en el Código Penal; “en el castigo, en lugar de cómo abordamos la prevención, la sensibilización y la reparación; nos hace perder de vista el recorrido de las políticas públicas contra las violencias machistas”, ha manifestado Etxano. “Cambiar la letra del Código Penal resulta a corto plazo más barato que poner en marcha recursos y servicios necesarios para proteger y reparar a las víctimas. Además de castigo, son necesarias políticas de prevención, atención, protección, justicia y reparación de las víctimas, y para estas políticas si se necesitan recursos”.