EAJ-PNV ha reiterado hoy en el Senado su petición para que se abra una Comisión de Investigación sobre el espionaje a varios representantes políticos e institucionales empleando el sistema Pegasus. En el debate de una moción sobre el CNI, Luke Uribe-Etxebarria ha señalado que “ante estos hechos sumamente graves, no caben actitudes timoratas ni escapistas, ni tampoco relativizarlos o restarles importancia ni justificarlos”, si estamos hablando “de una democracia con unos mínimos estándares de libertad”. En este sentido, el senador jeltzale ha criticado que se usen conceptos tan indefinidos como la “razón de Estado” o el “orden constitucional” para vulnerar derechos fundamentales y ha afirmado que “es necesario subrayar que las víctimas han sido políticos que han sido espiados por hacer política”. “No son terroristas, ni delincuentes, ni violentos criminales. Y mucho menos utilizaron medios violentos, sino procedimientos estrictamente políticos”, ha subrayado.

El portavoz jeltzale en la Comisión de Defensa se ha mostrado escéptico sobre las revisiones de la Ley Orgánica del control judicial previo del CNI y de la Ley franquista de Secretos Oficiales, anunciadas por el presidente del Gobierno, y ha añadido que, en todo caso, ello no excluye la necesidad de clarificar lo sucedido. “Sería conveniente desclasificar determinados documentos, que es algo que el Gobierno puede hacer sin necesidad de que se lo pida un juez, y articular una comisión de investigación”.

En esta línea, Uribe-Etxebarria ha lamentado que PSOE, PP, Vox y Ciudadanos se opongan a crear esta comisión, más si cabe cuando el Parlamento Europeo ha admitido hacerlo. “¿Por qué lo que se puede en el Parlamento Europeo no es posible en las Cortes españolas?”, se ha preguntado el senador jeltzale, que ha calificado de “sumamente graves” las escuchas, lo que constituye un “ataque directo al corazón de cualquier sistema político que se precie de ser democrático”. Por ello, ha insistido en que “ante esta vulneración de derechos fundamentales no cabe sino pedir trasparencia, explicaciones, asunción de responsabilidades y medidas adecuadas para tener la certeza de que no vuelvan a suceder”.

Así, el senador jeltzale ha evidenciado que hay muchas preguntas que necesitan respuesta: “¿Desde cuando el Estado español dispone del sistema de espionaje Pegasus? ¿Quién dio la orden de espiar a políticos y a responsables institucionales? ¿Los resultados y procedimientos de esos espionajes están en los informes periódicos que el CNI pone a disposición del Gobierno? ¿Es admisible que el juez que autoriza los espionajes sea solo uno y que dicha autorización sea meramente formal y no sustancial, ni haya un control sobre las actuaciones operativas? ¿Quién ha espiado, aparte de las 18 personas espiadas por el CNI, a las restantes 47 sobre las que informan medios acreditados y solventes? ¿Quién ha espiado los teléfonos del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa, y qué contenido ha sido extraído? ¿Marruecos? ¿Por qué el Gobierno pasa de puntillas sobre el espionaje que sufrió la exministra de Asuntos Exteriores en primavera de 2021?”.