Sala de Prensa
06/04/2022
Estefanía Beltrán de Heredia aboga por reformar el ordenamiento jurídico para clarificar las disposiciones penales relativas a la sedición y rebelión
Opina que el origen del debate sobre la persecución a políticos por sus declaraciones en su labor está “en el problema que tiene el Estado con su modelo territorial”.
La portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, ha manifestado la necesidad de reformar el ordenamiento jurídico para clarificar las disposiciones penales relativas a la sedición y rebelión. En el debate de una moción en la que se reclamaba al Gobierno central cumplir la resolución que el Consejo de Europa hizo sobre la persecución a políticos por declaraciones realizadas en el ejercicio de su labor, relacionada con el procesamiento de los políticos catalanes por el referéndum del 1 de octubre de 2017, la senadora de EAJ-PNV ha reiterado que “los conflictos políticos no se resuelven con más código penal, sino a través del diálogo, la negociación y el acuerdo”.
Beltrán de Heredia ha evidenciado que “gobernar es afrontar con valentía los cambios necesarios; abrir espacios de dialogo que eviten el enquistamiento de conflictos de fondo" y no ha dudado en situar “el problema que tiene el Estado con su modelo territorial” en el origen del debate. “Es necesario abordar y dar una respuesta satisfactoria a la realidad plurinacional. Y la cuestión del procés catalán no es sino un exponente claro del fracaso de la política”, ha zanjado.
La portavoz jeltzale considera necesario reformar las citadas disposiciones penales relativas a la sedición y rebelión, de manera que se eviten interpretaciones judiciales que entren en conflicto con el derecho a la libertad de expresión y reunión, e incluso con la despenalización de la organización de un referéndum ilegal, aprobada en 2005. “Consideramos inaplazable adaptar estos tipos delictivos a la realidad social y armonizarlos con países de nuestro entorno próximo, donde según el derecho comparado en países como Italia o Alemania las penas previstas distan mucho del máximo de quince años de privación de libertad que establece el código penal español”.
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